Comparecencia del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados

Mi primera comparecencia como Gobernador del Banco de España ante esta Comisión tuvo lugar el año pasado, en medio de una situación de gran dificultad para la economía española y una grave crisis del euro. Desde entonces, afortunadamente, la situación ha mejorado y se han despejado las incertidumbres más graves que se cernían sobre el futuro de la moneda común.

Permítanme que empiece subrayando la importancia que para nuestra economía y el bienestar de nuestra sociedad tiene el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y la participación de España en la misma.

Las dificultades que estamos atravesando no deben ocultar los beneficios que la economía española viene obteniendo de su integración en el proyecto europeo y de su participación en su institución más significativa en el sentido de la integración, la unión monetaria. Basta recordar un par de datos.

En el periodo 1986-1990, el PIB per cápita español representaba el 78% de la media de los países que entonces formaban la Unión Europea. En el periodo 2007-2012, a pesar de la severidad de la crisis en España, ese porcentaje, en relación al mismo grupo de países, que son los más ricos de la Unión, se situaba en el 93%. Y si nos fijamos en la situación de nuestras infraestructuras, que tanta importancia tienen para el potencial de crecimiento de cualquier país, hay que señalar que en los últimos 20 años el peso de la inversión en infraestructuras en España ha sido muy superior al de la media de la Unión Europea. En concreto, durante los últimos dos decenios, el peso de la inversión pública en el PIB en España se ha mantenido, año a año, 1.25 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, lo que ha permitido una convergencia casi plena en nuestra dotación de capital público, en proporción a nuestra población, con la de los países europeos más avanzados.

Desde esta perspectiva, que me parece importante no perder de vista, me referiré a la situación económica y financiera en Europa y a la evolución reciente de la economía española, con especial referencia a las políticas económicas y al proyecto de presupuestos para 2014, para concluir con algunos comentarios, que me parecen obligados, sobre los avances de nuestra reestructuración bancaria.

Área del euro

Desde hace algunos meses, la evolución de la coyuntura económica y financiera en Europa muestra síntomas de mejoría, en un contexto internacional marcado por señales de recuperación de la actividad en Estados Unidos y en Japón y por una cierta pérdida de vigor de las economías emergentes, singularmente China.

Tras seis trimestres seguidos de contracción, el crecimiento del PIB ha vuelto a territorio positivo en el área del euro. El cambio de signo se ha cimentado sobre una reactivación de la demanda interna, que ha venido a sumarse al avance de las exportaciones netas. El crecimiento de 3 décimas que registró el PIB del área del euro en el segundo trimestre de este año ha sido, desde luego, una sorpresa positiva y una evolución favorable para la economía española. Pero es una evolución cuya duración e intensidad no están aseguradas. De hecho, las actualizaciones recientes de las previsiones a medio plazo para el conjunto de la zona euro siguen anticipando tasas de crecimiento del PIB muy moderadas y niveles de desempleo demasiado altos.

En el ámbito financiero, el grado de fragmentación de los mercados se está reduciendo considerablemente, pero todavía no es plenamente compatible con el normal funcionamiento de una unión monetaria y con la transmisión eficiente de la política monetaria. El coste al que, en estos momentos, pueden financiarse las familias, las empresas, las entidades de crédito y las Administraciones Públicas en los países sometidos a mayor tensión sigue estando por encima del que se correspondería con la orientación de la política monetaria del BCE.

De hecho, el Banco Central Europeo ha continuado reforzando a lo largo de todo el año el tono expansivo de su política monetaria, tanto mediante actuaciones en el ámbito de las medidas convencionales, como a través de la puesta en práctica de medidas de carácter no convencional o extraordinario.

En el mes de mayo tuvo lugar una nueva reducción de los tipos de interés oficiales que, conjuntamente con el mantenimiento de la política de provisión ilimitada de liquidez, está sirviendo para fijar los tipos de interés de los mercados monetarios en niveles extremadamente bajos.

En el mes de julio, el Consejo de Gobierno del BCE decidió dar un paso más en su estrategia de reforzar el carácter expansivo de la política monetaria mediante el uso de un nuevo instrumento, consistente en dar publicidad a orientaciones sobre el comportamiento futuro de sus tipos de interés, lo que se conoce en la jerga de la profesión por su denominación en inglés: forward guidance, algo así como “orientación” o “guía” “hacia adelante” o “hacia el futuro”. Así, tras la bajada de tipos de mayo, en julio el BCE anunció que el Consejo de Gobierno esperaba que los tipos de interés oficiales permanezcan en el nuevo nivel, o en uno inferior, por un periodo dilatado.

En cualquier caso, la contribución que la política monetaria puede hacer a la resolución de los problemas de fondo de la crisis es limitada, y difícilmente puede ir más allá de proporcionar el tiempo necesario para que den sus frutos otras políticas económicas que sí cuentan con los resortes apropiados para atajar esos problemas. La plena normalización del área requiere que los Estados Miembros concluyan con éxito los ajustes de sus políticas económicas nacionales a los requisitos de funcionamiento de una unión monetaria.

Desde esta perspectiva, creo que hay que valorar los avances realizados hacia la unión bancaria en Europa. En los próximos días, el Consejo de la Unión Europea aprobará la legislación que sustenta la creación del Mecanismo Único de Supervisión, con lo que se pone formalmente en marcha el proceso que culminará con la asunción, por parte del BCE, de la supervisión microprudencial en el área del euro en otoño del próximo año.

Hay, prácticamente, consenso en torno al convencimiento de que la unión bancaria será un instrumento decisivo para quebrar el vínculo entre riesgos bancarios y riesgos soberanos, permitiendo reducir y, esperemos, finalmente, eliminar el grado de fragmentación financiera que todavía persiste en el área. Pero para que se desarrolle todo su potencial, será importante la calidad de los ejercicios de revisión de la situación bancaria que deberán llevarse a cabo antes de la asunción por el BCE de sus nuevas responsabilidades supervisoras.

Pero la unión bancaria tampoco desplegará todo su potencial si no se avanza en el diseño del resto de las piezas que componen esa unión, singularmente, un mecanismo y un fondo de resolución únicos, es decir, un procedimiento armonizado o común para el tratamiento de las crisis bancarias.

España

Paso ahora a comentar la situación de nuestra economía.

La economía española muestra síntomas de mejora, si bien el impulso para una recuperación sostenida continúa siendo débil. A lo largo del presente ejercicio, la actividad ha ido suavizando su ritmo de contracción, hasta alcanzar en el segundo trimestre un descenso de solo una décima en tasa intertrimestral. Los datos del tercer trimestre, todavía incompletos, sugieren que esta mejoría se habría prolongado en los meses más recientes, con lo que la actividad en España podría haber dejado de caer entre julio y septiembre e, incluso, registrar un ligero incremento, tras dos años de descensos continuados.

Así, creo que no es injustificado afirmar que la economía española parece estar superando la segunda recesión de esta prolongada crisis.

Son diversos los factores que sustentan este cambio. Es indudable que el repunte de la actividad en el área del euro ha contribuido a ello, así como una campaña turística muy favorable. Pero la buena marcha de las exportaciones también a destinos fuera del área euro indica que las ganancias muy notables en competitividad están contribuyendo de modo apreciable a esta mejora.

Las cifras del mercado laboral de los dos últimos trimestres muestran signos positivos. Señalan un freno en el ritmo de destrucción de empleo, así como un descenso de casi 1 punto porcentual de la tasa de paro, que se mantiene todavía en niveles ligeramente por encima del 26% de la población activa. El impulso a la contratación que habitualmente se produce en torno a los meses estivales y el descenso de la población activa han influido en estos desarrollos; pero también deben de estar reflejando una reacción favorable de la ocupación al ajuste que se está produciendo en los costes laborales.

Como el Banco de España ha indicado en otras ocasiones y ha reiterado hace sólo unos días, evaluar los resultados de la reforma laboral aprobada el pasado año es un ejercicio que exige prudencia por dos razones fundamentales: es una reforma estructural, cuyos efectos, en cualquier caso, sólo pueden hacerse sentir en el plazo medio y largo; y su puesta en vigor se ha producido en plena recesión. Aun así, el análisis que ya puede hacerse muestra mejores resultados -una menor caída en el empleo y una mayor moderación salarial- que los indicados por los modelos de predicción. Como ya he manifestado en otras comparecencias parlamentarias, creo que la reforma era imprescindible, que su orientación ha sido la correcta y, en lo fundamental, la que la práctica totalidad de expertos y organismos internacionales nos venían señalando como necesaria desde hace bastantes años. Creo que sus efectos serán positivos y que eso se podrá apreciar claramente en cuanto se empiece a recuperar la actividad.

Si se compara la situación actual con la que prevalecía hace un año, es evidente que se han producido avances notables en el restablecimiento de la confianza hacia la economía española. La creciente normalización de los flujos de financiación procedentes del exterior y el descenso de la prima de riesgo soberano ilustran bien esta circunstancia. Sin embargo, la traslación de esta mejoría a las condiciones globales de financiación está siendo todavía limitada, por lo que las restricciones financieras continúan pesando de modo muy importante sobre las decisiones de gasto e inversión del sector privado en España.

En todo caso, en el transcurso de los últimos trimestres ha proseguido la tendencia a la desaceleración de la inflación y se han cosechado avances adicionales en la corrección de los principales desequilibrios.

Los incrementos en la tasa interanual del índice de precios al consumo que se registraron en la primera mitad de este año se han ido atenuando a medida que se han ido cancelando los efectos de las alzas impositivas y de precios administrados introducidas entre julio y septiembre del año pasado, hasta llegar al 0,3% registrado en septiembre, según la estimación de avance. Así, es probable que la tasa de variación interanual del IPC se sitúe en diciembre en niveles inferiores al 1%. El mantenimiento de una tasa de inflación tan moderada contribuye, obviamente, a aliviar el impacto de la debilidad de las rentas sobre la capacidad adquisitiva de familias y empresas. La Ley de desindexación de la economía será un instrumento valioso para consolidar esta trayectoria.

Pero la manifestación más evidente del severo reequilibrio que está realizando la economía española es la eliminación del déficit exterior. En los meses transcurridos de 2013, hemos alcanzado una posición de financiación neta al exterior, una tendencia que, previsiblemente, continuará y se acentuará en lo que resta de ejercicio, hasta colocar el superávit conjunto de la cuenta corriente y de capital de la balanza de pagos para todo el año 2013, por encima del 2% del PIB. No obstante, hay que señalar que la acumulación de grandes déficits exteriores entre 2007 y 2011 (328.000 millones de euros, el 32% de nuestro PIB de 2012, en el acumulado de esos cinco años) ha llevado a una posición de inversión internacional deudora elevada, y que se requerirán años para reducir razonablemente nuestra dependencia del ahorro externo.

El desendeudamiento del sector privado sigue avanzando, aunque la desfavorable evolución de las rentas frena la velocidad de este proceso. Es probable, además, que el reequilibrio entre deudas y rentas prolongue la contracción del crédito a nivel agregado, aunque podemos esperar que su impacto sea cada vez menor. Esta evolución es compatible con una reasignación de fondos hacia los agentes más productivos y con posiciones financieras más saneadas. En todo caso, son necesarias actuaciones orientadas a reasignar fondos hacia las empresas con mayores potenciales de actividad y empleo y dificultades de financiación, una situación que se da especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas.

La consolidación fiscal

Paso ahora a analizar la situación de las finanzas públicas.

El objetivo de déficit de las AAPP para 2013, del 6,5% del PIB, supone una disminución de casi 5 puntos porcentuales desde el nivel máximo observado en 2009, del 11,2% del PIB. Una reducción difícil porque se está produciendo en un contexto macroeconómico muy adverso, y que corresponde, por tanto, a un ajuste real de magnitud muy superior, como indica el descenso del déficit primario estructural acumulado en este período, que puede estimarse en alrededor de siete puntos porcentuales de PIB.

El avance en este proceso ha requerido la adopción de numerosas medidas, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.

En el lado de los ingresos, se ha tratado de compensar los efectos sobre la recaudación del desplome del sector inmobiliario, así como el debilitamiento de las bases impositivas. Con este objetivo, se han producido incrementos en la práctica totalidad de las figuras tributarias. En el lado del gasto, se han dirigido a corregir la dinámica insostenible que había ido adquiriendo en la fase previa a la crisis y a compensar la fuerte presión al alza que la propia crisis ejerció sobre otras partidas, como la mayor carga de intereses y las prestaciones por desempleo.

El proceso de consolidación se ha llevado a cabo también mediante una modificación profunda de nuestro marco presupuestario, con la reforma constitucional y la aprobación de una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, que han supuesto un gran avance en transparencia y ampliado la batería instrumentos disponibles para reforzar la disciplina del gasto público.

Las desviaciones respecto a los objetivos establecidos en cuanto a déficit público que se produjeron entre 2009 y 2011 afectaron a la credibilidad del proceso de ajuste. El mayor grado de consecución de los objetivos el año pasado generó indudables beneficios en términos de recuperación de la credibilidad. Ello ha contribuido a aliviar la presión sobre la prima de riesgo y ha facilitado los acuerdos en el ámbito europeo, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el procedimiento de déficit excesivo. Las autoridades europeas aceptaron en julio pasado una pauta de ajuste fiscal más suave para España, en particular para los ejercicios 2013 y 2014, que resulta más coherente con las actuales condiciones macroeconómicas y las que prevalecerán en los próximos años.

Para consolidar esta mejora en la credibilidad es necesario cumplir los objetivos de déficit. La información relativa a la ejecución presupuestaria en 2013 es todavía limitada. En el primer semestre del año, el déficit mejoró con respecto al mismo periodo del año anterior (sin considerar el impacto de las ayudas al sector financiero que, como es bien sabido, no computan a estos efectos). La ejecución presupuestaria del segundo semestre deberá ser, por tanto, muy estricta en todas las Administraciones si se quieren evitar desviaciones al final del ejercicio. Aunque existen riesgos, espero que podamos cumplir este año con el objetivo de reducir el déficit al 6,5%.

Los avances logrados en consolidación presupuestaria no deben ocultar que el esfuerzo necesario para asegurar el saneamiento de las finanzas públicas españolas es todavía de gran magnitud. Téngase en cuenta la distancia que todavía existe entre la situación presente y el requisito establecido en el Pacto de Estabilidad y en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria para el medio plazo, que es alcanzar un saldo estructural equilibrado. El cierre de esta brecha requerirá ajustes adicionales que nunca serán fáciles porque la recuperación del crecimiento será gradual.

Hay que tener presentes, además, los problemas que plantea la dinámica de la proporción de deuda pública al PIB y sus perspectivas a corto plazo. Hasta ahora, y como es habitual en las fases iniciales de los procesos de consolidación fiscal, esta proporción ha seguido creciendo, con una previsión para 2014 del 98,9% del PIB. La reversión de esta trayectoria es imprescindible para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro, pero requerirá el mantenimiento de superávit primarios durante un período prolongado; por supuesto, cuanto antes alcancemos un crecimiento económico sostenido más se facilitará este proceso de ajuste.

Para afrontar estos retos habrá que profundizar en los desarrollos institucionales orientados a asegurar el rigor presupuestario. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que previsiblemente entrará en funcionamiento en 2014, deberá reforzar la calidad e independencia de la programación presupuestaria. En este terreno quiero mencionar la prevista revisión del sistema de financiación autonómica y la creación de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario, que se espera presentará su informe en los próximos meses.

En cuanto al sistema público de pensiones, me voy a permitir reiterar lo que manifesté en la Comisión de Economía el pasado mes de junio con motivo de la presentación del Informe Anual del Banco de España. El sistema público de pensiones es un factor fundamental de estabilidad económica y social y está en el interés de todos hacer frente a los riesgos de insuficiencia que existen como consecuencia de la evolución demográfica. La sostenibilidad del sistema de pensiones –es decir, la seguridad de poderlo financiar adecuadamente- es fundamental para dar estabilidad a las finanzas públicas y para la credibilidad de cualquier programa de consolidación del gasto público total.

Para hacerlo sostenible, el sistema debe ser capaz de adecuar sus elementos clave, como son la edad de jubilación, el procedimiento de cálculo de las pensiones y el llamado “factor de sostenibilidad”. Espero y deseo que las fuerzas políticas sigan trabajando en esta materia, tan difícil y tan importante, en el espíritu del Pacto de Toledo, acordado hace ya casi veinte años, y que ha recibido reiteradamente el apoyo de nuestras instituciones parlamentarias.

Las grandes cifras presupuestarias y el cuadro macroeconómico para 2014

Los Presupuestos para 2014 son los primeros que se elaboran tras la entrada en vigor de la última reforma de la gobernanza presupuestaria europea, que introduce en el procedimiento presupuestario de los países una valoración por parte de la Comisión Europea de los borradores de presupuesto de las Administraciones Públicas.

En el caso español, esta reforma permitirá disponer de un documento único que resuma las principales líneas de los presupuestos de todas las Administraciones Públicas, es decir, incluyendo las Comunidades Autónomas. En un país tan descentralizado en gasto público como el nuestro, tan descentralizado o más que diferentes países con estructura política federal, la elaboración de esta documentación es un requisito fundamental para valorar adecuadamente las previsiones presupuestarias. De acuerdo con los calendarios establecidos, este documento estará disponible, a nivel europeo, en los próximos días. En mis comentarios solo me referiré, por tanto, a los Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social.

El Proyecto de Presupuestos del Estado para 2014 se enmarca en un cuadro macroeconómico en el que se prevé que el PIB real crezca un 0,7%. Este escenario macroeconómico, cuya previsión central es el crecimiento de las exportaciones por encima del 6%, es prudente y se encuentra en sintonía con las previsiones de la mayoría de instituciones nacionales e internacionales. Esboza una recuperación gradual de la actividad y el empleo en un contexto en el que proseguirá el proceso de ajuste presupuestario, el desendeudamiento de familias y empresas y no se perderá la competitividad recuperada en 2012 y 2013.

En línea con nuestros compromisos europeos, el proyecto plantea como objetivo de déficit público, en términos de Contabilidad Nacional para el conjunto de las Administraciones Publicas, el 5,8% del PIB, desde el 6,5% previsto para 2013. Por agentes, se plantea un objetivo de déficit en Contabilidad Nacional del 3,7% del PIB para la Administración Central, frente al déficit del 3,8% del PIB previsto en 2013, y una mejora de tres décimas de PIB en el caso de la Seguridad Social y las CCAA, hasta situarse sus déficits en el 1,1% y 1%, respectivamente. Las Corporaciones Locales deberían mantener en 2014 el equilibrio presupuestario previsto ya para 2013.

Como en los años previos, tres partidas de gasto, la carga de intereses de la deuda pública, las pensiones y las prestaciones por desempleo, seguirán condicionando la programación presupuestaria. En efecto, si en el presupuesto inicial consolidado del Estado de 2013 estas tres partidas representaron alrededor del 18,2% del PIB, en 2014 alcanzarían el 18,5% del PIB y cerca del 55% del gasto público consolidado total. El ajuste presupuestario seguirá concentrándose, por tanto, en el consumo público, para el cual se proyecta una reducción en términos reales del 2,9% en 2014 en el conjunto de las Administraciones Públicas, basada en parte en la congelación del sueldo de los funcionarios y en la prolongación de las políticas de austeridad en relación con el empleo público; y, por otra parte, en reducción de la inversión pública. Un elemento adicional de contención del gasto provendrá de la revisión prevista para las pensiones que se fija en el 0,25%, en línea con el suelo mínimo establecido en el proyecto de ley en el que se define el factor de sostenibilidad.

¿Cómo se comparan estos datos con los correspondientes al conjunto del área del euro? En términos de Producto Interior Bruto, el peso de las prestaciones por desempleo sigue situándose muy por encima de la media del área del euro, como resultado de nuestro alto desempleo. Por su parte, los intereses de la deuda habrían superado también en España en 2013 la media del área, mientras que el gasto en pensiones se mantendría por debajo, dada una evolución demográfica todavía más favorable en nuestro país.

En cuanto a los ingresos, se prevé un incremento del 2,4% en 2014 de los ingresos tributarios totales (incluida la participación de las Administraciones Territoriales), con escasas novedades impositivas, que se concentran en la ampliación de bases en el impuesto sobre sociedades aprobada el pasado junio. En el caso de la recaudación por IRPF e IVA se proyectan unos incrementos del 1,7% y 2,7%. Respecto a las cotizaciones sociales el principal cambio normativo consiste en el incremento del 5% de las bases máximas de cotización.

Avances en la reforma del sistema bancario

Antes de terminar, quiero dedicar unos minutos a los avances en la reforma y reforzamiento de nuestro sistema bancario, una tarea que está en el centro de las competencias y preocupaciones del Banco de España y que, como todos sabemos, ha requerido una muy considerable aportación de recursos públicos.

En estos momentos, nos encontramos en una fase muy avanzada del proceso de recapitalización y reestructuración de nuestro sector bancario.

Como Sus Señorías conocen, el punto de partida tuvo lugar en 2009, con la creación del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), si bien dicho proceso se intensificó en 2011 con el Real Decreto-ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, que incrementaba los requerimientos de capital. Pero los pasos decisivos se dan en 2012, con los dos Reales Decretos-leyes 2/2012 y 18/2012 de saneamiento del sistema financiero, el Memorando de Entendimiento, acordado en julio con la Comisión Europea, y la línea de apoyo financiero de hasta 100.000 millones de euros aneja a ese acuerdo; y, finalmente, la Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

En este contexto, se procedió a identificar las necesidades de capital de cada entidad sobre la base de una rigurosa prueba de resistencia, así como a elaborar y aprobar, de acuerdo con las autoridades europeas, los planes de reestructuración o de resolución ordenada de las entidades que lo requirieron.

En el ejercicio 2012 se realizó la recapitalización, con apoyo financiero público, de las entidades enmarcadas en el denominado grupo 1 del Memorandum de Entendimiento y el traspaso a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) de sus activos problemáticos relacionados con la actividad inmobiliaria y promotora.

En el presente año, 2013, se ha efectuado la recapitalización de las entidades integradas en el denominado “grupo 2” del ejercicio, se han traspasado sus activos problemáticos a la SAREB y se han realizado los ejercicios de gestión de instrumentos híbridos en todas las entidades que lo requerían, excepto en una entidad, en la que se ha iniciado recientemente y se concluirá en los próximos días.

Las ayudas financieras públicas prestadas a las entidades financieras en diversas formas de capital, desde mayo de 2009, han ascendido a 61.366 millones de euros, de los que 38.833 millones lo han sido en el marco del Programa de Asistencia Financiera acordado con las autoridades europeas. La verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas en el Memorandum de Entendimiento de julio de 2012, llevado a cabo por las autoridades internacionales, cuya última ronda concluyó hace sólo unos días, confirma que el Memorandum y sus plazos se han cumplido de forma estricta y que su objetivo fundamental, el saneamiento y la recapitalización de nuestro sistema bancario, ha avanzado de forma satisfactoria.

Como ya he indicado, próximamente se va a aprobar por el Consejo de la Unión Europea el Reglamento que regula el Mecanismo Único de Supervisión que entrará en funcionamiento tras un periodo transitorio de un año. Está previsto que más de un 90% del sistema bancario español, medido por volumen de activos, pase a ser supervisado por el Mecanismo Único.

Para la asunción efectiva de las responsabilidades supervisoras por parte del BCE está prevista la realización de una revisión y valoración de los activos de las entidades bancarias que dará lugar a la exigencia de un nivel de capital a cumplir por todas las entidades que serán objeto de revisión y, en caso necesario, a la constitución de coberturas adicionales.

Es de interés destacar que nuestras entidades parten de un nivel muy razonable, tanto desde la perspectiva de la clasificación contable de sus activos, como desde la de la cobertura y provisionamiento de los mismos, consecuencia de la revisión realizada el año pasado en el marco de las pruebas de resistencia y de los procesos de recapitalización mencionados. Asimismo, recientemente ha concluido el proceso de revisión de las refinanciaciones por parte de las entidades, proceso que contribuye a reforzar la situación de las mismas de cara a esta próxima valoración de la calidad de sus activos.

Igualmente, siempre en este camino de reforzamiento de la solvencia de nuestro sistema bancario, el Banco de España ha recomendado a las entidades que moderen el reparto de dividendos durante el ejercicio 2013 y que, en todo caso, los dividendos en efectivo que se satisfagan no excedan del 25% del beneficio consolidado atribuible, recomendación que, desde luego, están siguiendo todos los bancos.

La posición de solvencia de los bancos españoles ha mejorado claramente en 2013. La media de Capital Principal de nuestro sistema bancario se situará en torno a un 10,5% a diciembre 2013, más de un punto por encima de la existente a la misma fecha de 2012.

Asimismo, desde el inicio de 2013 se ha producido una mejora en las condiciones de liquidez y un reequilibrio de las fuentes de financiación de los bancos españoles. Dicha mejora es el resultado de la reducción de las tensiones en los mercados de deuda soberana y de la mejora de la confianza y de la menor fragmentación en los mercados monetarios y de capitales en el área del euro.

En este sentido, los depósitos minoristas, que registraron caídas, especialmente en los meses centrales del año 2012, han venido evolucionando desde entonces de un modo más favorable, mostrando tasas de variación positivas desde comienzos de este año. Esta recuperación de los depósitos ha supuesto una reducción de la brecha de financiación minorista, es decir, del porcentaje del crédito que las entidades no pueden cubrir con los depósitos. Ello permite reducir la necesidad de apelación a fuentes de financiación menos estables, como son los mercados mayoristas.

En este contexto, el recurso a la financiación del Eurosistema, aunque se mantiene en niveles todavía elevados, se ha reducido de forma muy significativa desde los niveles máximos alcanzados en el verano del año pasado, con una caída del 31% en los ocho primeros meses del presente ejercicio.

En cuanto a la rentabilidad, el extraordinario esfuerzo realizado por las instituciones en 2012 para cumplir con los requisitos sobre provisiones tuvo un impacto significativo en sus cuentas de resultados. De hecho, en el conjunto del ejercicio se registraron unas pérdidas de más de 40.000 millones de euros. El primer semestre de 2013 ha supuesto un cambio en esta tendencia. Así, el beneficio consolidado de las entidades de depósito ascendió a algo más de 8.200 millones de euros, pese a que las provisiones siguen afectando negativamente a las cuentas de resultados en un período en el que la morosidad siguió siendo elevada.

Las señales de mejora en el sector no están exentas de riesgos. En un contexto caracterizado por el bajo crecimiento económico, niveles de actividad reducidos y tipos de interés relativamente bajos, los márgenes del sector bancario continuarán sujetos a presiones a la baja. Además, cabe esperar que los activos dudosos continúen aumentando en el corto plazo, si bien su impacto en términos de provisiones será menor que en el pasado reciente. En este contexto, las entidades deben perseverar en sus esfuerzos por mejorar su eficiencia y contener sus costes operativos. En particular, es esencial que las instituciones sujetas a planes de reestructuración y recapitalización cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en dichos planes.

Conclusión

Señorías:

Las dificultades a las que se viene enfrentando la economía española requieren esfuerzos por parte de todos. Los presupuestos que van a discutir son una pieza muy importante para la continuidad de estos esfuerzos y para la salida de la crisis. El análisis que he tratado de transmitir quiere mostrar que esos esfuerzos empiezan a dar frutos en el gradual fortalecimiento de la recuperación. Creo que si logramos mantener la política de control del gasto, de reformas estructurales y de reforzamiento de nuestro sistema financiero, 2014 puede ser el año del comienzo de la recuperación de la actividad y el empleo.

Muchas gracias por su atención.