Bruselas, 1 dic (.).- La Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo comenzó este miércoles su trabajo legislativo de cara a lograr que todos los dispositivos electrónicos compartan un mismo cargador en la Unión Europea, con vistas a reducir el nivel de desechos en esta área que se crean al tener tres tipos distintos de cables.
Esta comisión parlamentaria mantuvo su primera reunión de cara a fijar una posición negociadora sobre la revisión de esta directiva, que tendrán que negociar con los Estados miembros antes de llegar a esa nueva legislación a nivel europeo a partir de la propuesta de Bruselas del pasado mes de septiembre.
"Más allá de la inconveniencia de los usuarios, que es un gran problema, con 500 millones de cargadores entregados para diferentes dispositivos en la UE cada año, estamos creando entre 11.000 y 13.000 toneladas de desechos electrónicos", advirtió el negociador jefe para la Eurocámara, el maltés Alex Agius Saliba.
En estas negociaciones, el Parlamento defenderá "los más elevados estándares de interoperabilidad, reducción de desechos y protección del consumidor", explicó Agius Saliba, quien se mostró confiado en que una regulación vinculante logrará el objetivo que las iniciativas voluntarias anteriores no cumplieron.
La Comisión Europea ya había intentado disminuir el número de cargadores en el mercado mediante un acuerdo con la industria en 2009, que redujo de 30 a tres los tipos de cables comercializados pero no logró el objetivo de dejarlo en un modelo único.
El Parlamento también planteará para esta nueva legislación que para la venta de nuevos dispositivos electrónicos no se incluya un nuevo cargador en el paquete adquirido, ya que en muchos ocasiones los consumidores ya tienen en casa el cable necesario gracias a un dispositivo anterior y así se reducirían aún más los desechos electrónicos.
La Eurocámara sugerirá también ampliar el alcance de la legislación para alcanzar ciertos tipos de dispositivos no cubiertos por la propuesta de Bruselas, como los libros electrónicos, algo que -creen- generará "incertidumbre".
El Parlamento y el Consejo (los países) tienen ahora que fijar por separado sus posiciones para acudir a las negociaciones previsiblemente durante el próximo año. Una vez consensuada la legislación, los gobiernos tienen dos años para ponerla en marcha antes de su entrada en vigor oficial.
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