MADRID (Reuters) - El Gobierno español avisó el viernes a las autoridades catalanas de que tendrán que responder penalmente y con su patrimonio por convocar y mantener el referéndum de independencia del próximo domingo pese a la suspensión judicial.
Tras reiterar que la consulta secesionista no se celebrará porque lo impedirán las distintas policías que operan en la región, el ministro portavoz dijo que los miembros de la Generalitat incurrían en una "grave deslealtad institucional" de la que responderán ante los tribunales.
"Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales. Ellos son los responsables y tendrán que responder en un Estado de Derecho", dijo Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La Fiscalía se ha querellado por presunta desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos contra todos los miembros del Gobierno catalán por firmar el decreto de convocatoria del referéndum. En caso de hallados culpables de malversación, podrían ser condenados a penas de cárcel.
Según el ministro, la "deslealtad" del presidente catalán, Carles Puigdemont, le invalidaba como "interlocutor válido" con el Gobierno de Mariano Rajoy para un eventual proceso de diálogo que pudiera abrirse tras la jornada del domingo.
Puigdemont dijo el viernes en una entrevista con Reuters que la Generalitat tenía todo listo para la celebración de la jornada electoral y que unas eventuales medidas judiciales contra él contribuirían a que más gente se movilice.
"Lo que pase conmigo no es relevante, aunque pase lo peor (...) y me encarcelen, habrá otro en mi lugar", dijo.
Ante la jornada del domingo, en la que 5,34 millones de catalanes están llamados a votar, el ministro se mostró convencido de que los Mossos d'Esquadra cumplirán con la orden judicial que les exige que precinten los más de 2.300 colegios electorales habilitados para la consulta.
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aseguró que los catalanes votarían con total seguridad aunque los colegios permanezcan cerrados el domingo, sin desvelar cómo se llevaría a cabo la consulta.
En una nueva actuación judicial contra los deseos de independencia del Ejecutivo regional, el Gobierno español anunció tres recursos de inconstitucionalidad contra instituciones creadas en pos de una república independiente catalana, como una Seguridad Social propia.