Bruselas, 20 jul (.).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles que todos los países de la Unión Europea reduzcan voluntariamente un 15 % su consumo de gas hasta la próxima primavera para prepararse ante un posible corte del suministro ruso y que, en caso de emergencia, el recorte sea obligatorio.
Bruselas sugiere adoptar medidas de ahorro sobre todo en la industria, como usar combustibles alternativos o dar incentivos públicos para las empresas que reduzcan su consumo, así como limitar la temperatura en los edificios públicos o hacer campañas de ahorro en los hogares, aunque estos tendrían el suministro garantizado.
"Rusia nos está chantajeando, usando la energía como arma. Por tanto, sea el corte parcial o total, Europa debe estar preparada", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el plan de contingencia para un escenario cada vez más plausible visto que Moscú ya ha reducido o parado el suministro a doce socios comunitarios.
El flujo de gas ruso a la UE ya se ha reducido a menos de un 30 % con respecto a la media del último lustro en el mes de junio a raíz de "acciones injustificadas y unilaterales de Rusia", señala la Comisión, que advierte del "importante riesgo de una interrupción completa y prolongada del suministro ruso que se materialice de forma abrupta y unilateral".
En este escenario, Bruselas llama a la prevención y solidaridad entre los Veintisiete, acometiendo ahora un ahorro energético que, argumenta, será menos costoso económica y socialmente que actuar de forma precipitada cuando llegue la crisis. El impacto de un corte total del gas ruso sobre el PIB será un tercio menor (de 0,4 %) si se actúa desde este verano, calcula.
REDUCIR UN 15 % EL USO DE GAS
En concreto, la Comisión propuso una regulación que pide a todos los Estados reducir un 15 % su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023 con respecto a la media del mismo periodo en los últimos cinco años, un recorte que de momento será voluntario.
Sin embargo, la propuesta prevé que el Ejecutivo comunitario pueda imponer esta rebaja con carácter obligatorio cuando se declare una "alerta" en toda la Unión sobre la seguridad del suministro.
La Comisión podría declarar este estado de emergencia cuando haya un grave riesgo de escasez o una demanda excepcionalmente alta de gas y tras consultar con los países.
El objetivo de recorte es el mismo para todos los Estados a pesar de que la dependencia del gas ruso varía mucho de uno a otro, siendo mucho mayor en países como Alemania o Italia, que en España o Portugal, algo que podría generar reticencias en algunas capitales, pero que Bruselas considera de interés para todos.
"Tenemos que convencer a todos de la necesidad de este ahorro del 15%. Algunos dependen más del gas ruso (...) pero los que no dependen tanto se verán afectados indirectamente cuando se cierren empresas y se pierdan puestos de trabajo. Cada ciudadano tiene que contribuir a gastar menos gas", dijo el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans.
Si la propuesta recibe el visto bueno de los Veintisiete, que la abordarán en su reunión de ministros de Energía del próximo martes, los países tendrán que presentar hasta el 20 de septiembre sus planes de emergencia actualizados con las medidas que adoptarán para lograr el recorte e informar cada dos meses de los progresos.
La Comisión podrá pedir medidas adicionales si cree que los planes nacionales se quedan cortos para lograr el recorte cuando este sea obligatorio y, en caso de que un Estado solicite solidaridad de sus socios para cubrir sus necesidades, deberá demostrar que ha hecho un esfuerzo para reducir la demanda doméstica.
Además, la regulación prevé que los países con pocas o nulas interconexiones energéticas puedan pedir que se limite el recorte obligatorio a máximo un 5 % si demuestran que no pueden contribuir sustancialmente a aumentar el suministro de gas a otros Estados, algo que a priori podría ser una opción para España puesto que su tasa de interconexión es solo del 2,8 %.
AHORRO EN LA INDUSTRIA
Bruselas deja en manos de los gobiernos elegir las medidas de ahorro y a quién las aplica, pero ha elaborado un Plan de Reducción de la Demanda de Gas en el que sugiere incentivar a las industrias para que sustituyan el gas por fuentes energéticas alternativas, priorizando las renovables, aunque reconoce que podría ser necesario recurrir temporalmente al carbón o la nuclear.
Sugiere asimismo compensar a las empresas que reduzcan su demanda de gas, a través de subastas o licitaciones, contratos de "interrumpibilidad", o con ayudas públicas. Solo cuando se hayan agotado estas vías, podría racionarse el suministro.
Al margen de la industria, Bruselas plantea limitar la temperatura en los edificios públicos para reducir el gasto en climatización y hacer campañas para bajar el termostato en los hogares, aunque estos son consumidores "protegidos" y tendrían el suministro garantizado, al igual que otros servicios esenciales.
La Comisión da además directrices sobre cómo priorizar a los consumidores "no protegidos" a la hora de exigir ahorro de gas: deberán tenerse en cuenta si estos son críticos para la sociedad -el sector de salud, alimentario o defensa, por ejemplo-, si tienen posibilidades de sustituir el gas, si son cruciales para las cadenas de suministros o el daño que sufrirían las instalaciones por un parón.
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