Buenos Aires, 29 feb (EFE).- La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina declaró hoy "irregulares e ineficaces" las resoluciones adoptadas en una reciente reunión de directorio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, en la que se impidió el ingreso de funcionarios del Gobierno argentino.
En un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que lleva la firma de su titular, Alejandro Vanoli, la CNV manifestó que la conducta de YPF "no aparece justificada".
El organismo oficial encargado del control del mercado de valores inició el expediente el pasado día 23, después de una denuncia del representante del Estado en el directorio de la petrolera, Roberto Baratta.
Ese día, Baratta y el síndico suplente del Estado, Gustavo Mazzoni, se presentaron en la sede de YPF junto al secretario de Política Económica y viceministro de Economía, Axel Kiciloff; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens.
Los altos cargos del Gobierno solicitaron participar en la reunión, pero esa posibilidad le fue denegada por el presidente, Antonio Brufau, y otros miembros del directorio.
Tras la negativa, los funcionarios gubernamentales rechazaron reunirse con las autoridades de YPF en un encuentro aparte y se retiraron del edificio.
La petrolera argumentó que "en aras de preservar la necesaria reserva y confidencialidad de las deliberaciones y decisiones de un directorio, sólo están habilitados a participar los miembros de éste que han sido elegidos por los accionistas", y dijo que su actuación fue "acorde y respetuosa" de las normas.
En ese sentido, la CNV recordó hoy que en anteriores ocasiones YPF había permitido el ingreso a sus reuniones de asesores del representante del Estado en la compañía y advirtió que quienes se presentaron el día 23 "eran funcionarios públicos y no terceros ajenos a los asuntos discutidos en el directorio" de la firma.
Según el acta de la polémica reunión, Brufau señaló que "en el último mes YPF viene siendo objeto de algunas críticas injustas y de advertencia por parte de las autoridades nacionales y provinciales, así como de notificaciones de diferentes expedientes administrativos, incluyendo amenazas de sanciones o restricciones con dudoso fundamento legal".
Días después, el Gobierno argentino respondió que "no amenaza" a la petrolera YPF sino que le exige el cumplimiento de las leyes en defensa de los intereses del país.
"Lo que nosotros requerimos es el correcto nivel de exploración y explotación de gas y petróleo para que el mercado esté debidamente abastecido con recursos provenientes de los yacimientos nacionales", dijo el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido.
"Lo único dudoso es el proceder de la gestión de Repsol en YPF; caso contrario no se entiende por qué en otras ocasiones no pusieron ningún reparo a la participación de funcionarios en las reuniones de directorio de la empresa, mientras que el jueves pasado les impidieron el ingreso, justamente cuando se presentaba el informe de producción de gas y petróleo del 2011", sostuvo De Vido.
El ministro consideró que para el Gobierno era "importante" que Kiciloff y Cameron participaran de la reunión, "teniendo en cuenta los pobres resultados de esa campaña, que de continuar obligaría al país a tener que volver a importar hidrocarburos".
Este nuevo roce entre el Gobierno y la petrolera ocurrió en medio de una escalada de acusaciones por parte del Ejecutivo por una supuesta falta de inversión de la compañía y rumores nunca confirmados ni desmentidos de una eventual nacionalización de la que es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.
YPF aumentó sus inversiones en Argentina un 50 por ciento en 2011 hasta alcanzar el récord de 13.300 millones de pesos (3.057 millones de dólares). EFE