Madrid, 2 feb (.).- El Gobierno previsiblemente aprobará mañana un decreto ley que desarrolla la ley de desindexación de la economía española, cuyo objetivo es desvincular los precios, servicios y subsidios públicos de la evolución de la inflación y promover que el sector privado haga lo mismo voluntariamente.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó en su comparecencia del pasado martes en el Congreso que la meta de la nueva norma es evitar los "efectos de segunda ronda" (subidas salariales)que puede provocar el repunte de la inflación.
A su juicio, incorporar las subidas de inflación automáticamente a los salarios es un error porque puede llegar a comprometer las competitividad de la economía.
Inicialmente presentada por el Gobierno en septiembre de 2013, la ley fue aprobada definitivamente tras su paso por las Cortes en marzo de 2015.
En aquel momento, el Ejecutivo explicó que la ley afectaría a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como concesiones administrativas de autopistas, peajes eléctricos, la bombona de butano, el billete de autobús o metro, el agua, las cuotas de abono de telefonía, las tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.
Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.