Quito, 2 sep (EFE).- El presidente del Consejo de la Judicatura
de Ecuador, Benjamín Cevallos, informó hoy de que investigará los
vídeos presentados por la petrolera estadounidense Chevron-Texaco,
con los que denunció un soborno al juez que lleva un proceso en su
contra, en el que se le demanda por 27.000 millones de dólares.
Cevallos declaró a los periodistas locales que primero analizará
"cómo están esos vídeos" y "qué grado de participación tiene
cualquier persona que esté involucrado en ellos".
Aseguró que, si tras ese análisis "hay algún indicio" sospechoso,
actuará "conforme a la ley" y "con toda dureza que se requiera".
Los vídeos grabados con cámaras ocultas fueron hechos públicos el
pasado lunes por la petrolera y recogen varias conversaciones entre
dos empresarios y el juez, en las que supuestamente el magistrado
acordaría un trato de tres millones de dólares, a repartirse con los
demandantes y el Gobierno de Ecuador.
Esa supuesta trama, elaborada para que eventualmente la justicia
emitiera una condena contra Chevron, ha suscitado el rechazo del
juez Juan Núñez, que encabeza el proceso, así como de los
demandantes y del Gobierno, quienes han calificado las acusaciones
como "trampa", "desvío de atención del debido proceso" o "teatro".
Cevallos explicó que ha dialogado con el juez y que éste aseguró
que "no recibió insinuaciones económicas de ninguna naturaleza y que
actuó de acuerdo con la ley y con el debido proceso".
Además, subrayó que Núñez tendrá el respaldo del Consejo, pese a
que también se iniciará una investigación sobre su actuación.
Por otra parte, la hermana del presidente Rafael Correa, Pierina
Correa, a la que también se nombra en las conversaciones grabadas se
sumó hoy al rechazo a las acusaciones y sostuvo que pretenden "poner
un velo" sobre las responsabilidades de Chevron.
"No tengo ninguna explicación para mi involucramiento en el caso,
no tengo nada que ver con el petróleo, no conozco para nada, ni de
nombre siquiera, a las personas que se han mencionado", declaró.
En el juicio que se desarrolla contra la petrolera, que dura ya
casi 16 años, se pretende dictaminar si Texaco, que fue comprada por
Chevron en el año 2000, es culpable de daños ambientales en un
sector de la Amazonía de Ecuador durante sus operaciones entre 1972
y 1995.
El Frente de Defensa de la Amazonía, agrupación que presentó la
demanda contra la petrolera y que agrupa a los pobladores que
habrían sido afectados por la contaminación, afirma que los vertidos
petroleros y de aguas tóxicas provocados por la empresa produjeron
la muerte de al menos 1.401 personas por cáncer.
No obstante, la compañía argumenta que los trabajos que realizó
para la reparación del daño ambiental fueron "exitosos" y culpa a la
petrolera estatal Petroecuador de la contaminación. EFE