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Senado aplaza por otros tres años aplicación de controvertido impuesto

Publicado 29.04.2010, 21:38

Asunción, 29 abr (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó hoy el aplazamiento por otros tres años la aplicación del controvertido Impuesto a la Renta Personal (IRP), que alcanza a los que ganan el equivalente a 120 salarios mínimos anuales, unos 32.500 dólares.

La cámara alta, de mayoría opositora, aprobó el cuarto aplazamiento desde el anterior período legislativo, con 25 votos a favor, 16 en contra y una abstención, durante su sesión ordinaria de este jueves.

La resolución, que establece la aplicación del IRP a partir del 1 de enero de 2013, queda ahora en manos de la Cámara de Diputados, que tendrá que decidir sobre su aprobación o rechazo.

El senador Alfredo Luis Jaeggli, del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de una fracción disidente a la gestión del presidente Fernando Lugo, es el principal promotor de ese aplazamiento.

Los detractores de ese tributo cuestionan, principalmente, la declaración patrimonial que tienen que presentar para el pago del impuesto.

Entretanto, el Ejecutivo insiste en la importancia de su vigencia para "sanear la economía".

El viceministro paraguayo de Tributación, Gerónimo Bellassai, declaró hoy que el fisco ha dejado de recaudar el equivalente a unos 38 millones de dólares debido a otros aplazamientos anteriores decretados por el Congreso.

El Senado había aplazado por última vez el 4 de junio de 2009 la aplicación del polémico proyecto, que fue aprobado en 2005 como parte del proceso de formalización de la economía de este país.

La ley prevé su aplicación gradual para que en una primera etapa afecte a unos 10.000 contribuyentes con ingresos equivalentes a 120 salarios mínimos anuales (unos 32.500 dólares).

El IRP fue una de las normativas exigidas en su momento al Gobierno que presidió Nicanor Duarte por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un acuerdo de contingencia que se había firmado en 2003 y que rigió hasta agosto de 2008.

Los detractores de esa normativa en el Congreso sostienen, entre otras cosas, que "un mayor ingreso impositivo no garantiza el bienestar del pueblo, que no recibe a cambio ningún beneficio". EFE

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