La Paz, 4 oct (EFE).- La empresa india Jindal Steel & Power
aseguró que el acuerdo firmado con el Gobierno de Bolivia para
explotar el hierro del cerro Mutún aún no rige plenamente, pues
persisten los problemas con algunas tierras requeridas para el
proyecto, informó hoy la prensa local.
El director de Jindal en el país, Arvind Sharma, declaró al
diario El Deber que el Gobierno de Evo Morales aún no entregó todas
las "tierras saneadas" necesarias para la explotación del
yacimiento, situado en la región oriental de Santa Cruz, en la
frontera con Brasil.
Actualmente, persiste un problema con tres propietarios de
predios circundantes al yacimiento, quienes han impugnado una
resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que les
restó una parte de sus tierras para entregarlas a la minera india.
Según El Deber, el acuerdo entre la empresa india y el Ejecutivo
boliviano incluye una cláusula que señala que "el plazo del contrato
no se contará hasta que no sean entregadas todas las tierras
debidamente saneadas".
Sharma indicó que Jindal realizó una inversión anticipada de 60
millones de dólares a pesar de esas dificultades.
Agregó que el directorio de la firma en Bolivia, el Ministerio de
Minería y la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) aprobaron el
plan de inversiones y la primera exportación del hierro extraído,
que se concretará dentro de 20 días.
El ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien estuvo en la
zona esta semana, expresó en declaraciones al diario El Deber su
preocupación porque "no hay avances" en el proyecto siderúrgico.
Sin embargo, la empresa india consideró que el proyecto no tiene
retrasos y que hay un proceso integral de desarrollo del complejo
siderúrgico, incluida la construcción de una carretera para
facilitar la exportación del mineral.
A estas dificultades, esta semana se sumó una investigación
contra el ex presidente de la ESM, Guillermo Dalence, por la
presunta compra de tierras con sobreprecio para el proyecto.
Al respecto, el ministro Echazú dijo hoy en entrevista con la
radio estatal Patria Nueva que habrá que aguardar a que termine la
investigación para afirmar si hubo o no sobreprecio en la
adquisición de los predios.
Además de Dalence, otras 32 personas, entre propietarios de los
terrenos y funcionarios estatales, fueron incluidas por la Fiscalía
en la investigación. EFE