La Paz, 5 may (EFE).- El Gobierno del presidente Evo Morales
afirmó hoy que no pagará a los socios extranjeros y bolivianos de
tres generadoras eléctricas nacionalizadas ni un centavo más que la
suma fijada en una valuación externa que puede llegar en conjunto a
50 millones de dólares.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y la ministra
de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, se refirieron hoy al
tema por separado al comentar los reclamos y demandas de las casas
matrices de las firmas expropiadas y los gobiernos de Francia y
Reino Unido.
"Nuestra valuación, hecha no por el Gobierno, sino por una
empresa externa de alto prestigio, nos marcaba un precio de las
acciones y las empresas dueñas de esas acciones que querían el doble
o el triple. Imposible. Nosotros no podemos pagar un solo centavo
más allá de lo que una valuación externa y seria nos permite", dijo
García Linera.
Si bien el vicepresidente no citó una cifra, Caro dijo horas
antes que un estudio de las acciones nacionalizadas en las tres
firmas establece un precio de 50 millones de dólares en total,
cantidad "sujeta a revisión y a información que presenten las tres
empresas".
No obstante, la nacionalizada Guaracachi, participada en un 50
por ciento por la británica Rurelec, ha afirmado que sólo en los
últimos cuatro años (lo que lleva Morales gobernando) ha invertido
"más de 110 millones de dólares en nueva capacidad" de generación en
su planta boliviana.
Las otra generadora nacionalizada el pasado sábado es Corani,
cuya mitad pertenecía a Ecoenergy International, subsidiaria de la
francesa GDF Suez, firma que, a su vez, tiene como socio al Estado
francés.
La tercera es Valle Hermoso, en la que un 50 por ciento
pertenecía a The Bolivian Generating Group, de la firma Panamerican
de Bolivia, que tiene inversionistas extranjeros.
García Linera atribuyó a la "intransigencia" de los socios de las
empresas el que no se haya podido llegar a un acuerdo para negociar
el precio de las acciones.
"Se avanzaba, ellos retrocedían", apuntó, y sostuvo que las
empresas expropiadas no pueden decir que "hubo una acción
desprevenida" porque se negoció durante los ocho meses con cada una
de ellas.
"Como Gobierno estamos dispuestos a reiniciar el diálogo, pero
tienen que saber que el dinero que va a pagar el Estado siempre va
estar basado en una valuación externa (...) Tenemos un tope. Si uno
paga un centavo más allá de la valuación, (va a) juicio", sostuvo
Linera.
De su parte, Caro aseguró que con la valoración de las acciones
de las empresas se va "a proceder con el reconocimiento justo de las
mismas" y opinó que las compañías extranjeras afectadas sólo
plantearán un proceso de arbitraje si finalmente no hay un acuerdo
económico.
La nacionalización de las eléctricas Corani y Guaracachi ha
causado protestas de sus casas matrices y de los gobiernos de Reino
Unido y Francia, sobre todo por la forma como se produjo la
intervención, con tomas militares, policiales y de la fiscalía el
pasado 1 de mayo
GDF Suez afirmó que respeta la decisión de Bolivia sobre Corani,
pero anunció que "defenderá sus intereses" a la hora de determinar
las indemnizaciones.
El Gobierno francés, accionista de GDF Suez con el 35,7 por
ciento, también pide una indemnización rápida y "adecuada".
Rurelec calificó de "sorprendente" la medida, "pese a las
garantías dadas a los embajadores británico y francés de La Paz" en
días anteriores a la nacionalización.
El embajador británico en Bolivia, Nigel Baker, expresó a la
prensa su "decepción" por la nacionalización y la forma en que se
llevo a cabo, después de que en una reunión ministerial le
asegurarán que "las inversiones europeas, incluyendo las británicas,
eran tanto bienvenidas como requeridas".
Desde enero de 2006, cuando llegó al poder con una alianza de
movimientos izquierdistas, populistas e indigenistas, Morales ha
estatizado o expropiado 13 empresas, incluyendo las últimas cuatro
eléctricas del 1 de mayo. EFE