Ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó un granja de criptomonedas que funcionaba con insumos no declarados. Según la investigación, pertenecía a un contribuyente que no está registrado en el organismo con ninguna actividad vinculada al desarrollo de criptoactivos.
Del operativo participaron también la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). Se estima que el propietario poseía equipamiento como para generar ganancias estimadas en 100.000 dólares por año.
A raíz de una investigación previa realizada por la AFIP, se determinó la importación de equipos informáticos utilizados para la minería de criptomonedas. Como sucedió en otros operativos similares, se trataba de unidades que luego de adquiridas no fueron declaradas ante la autoridad.
Desde la nueva gestión del organismo se llevan a cabo fuertes tareas de fiscalización y control sobre el sector de los activos digitales. Los cruces de información de las áreas especializadas permitieron detectar —a partir de consumos elevados de energía eléctrica— granjas de criptomonedas no declaradas en distintos puntos del país.
En esas verificaciones presenciales, los agentes constatan la existencia de la documentación de importación correspondiente de los equipos. Además, revisan la correcta registración tanto de la actividad de minería como así también los ingresos percibidos.
La entidad de recaudación realizó sus primeros operativos de fiscalización en granjas de criptomonedas que no tenían declarada su actividad. En ese sentido, hasta ahora se desarticularon explotaciones en provincias como San Juan, Córdoba, La Plata, Santa Fe y la ciudad de Mar del Plata.
Legalidad y regulación de las criptomonedas
En Argentina, aunque la regulación todavía no es clara, la comercialización y el uso de criptomonedas sí es legal. Dentro de estas formas de comerciar se encuentra el ejercicio de la minería. También se puede conseguir bitcoin a través de una transacción de curso legal (peso argentino, euro, dólar, entre otras) o a partir del intercambio de bienes y servicios con otros usuarios, es decir, la compra/venta tradicional.
Frente a los sucesivos operativos de la autoridad regulatoria, voces del sector cripto se manifestaron disconformes ante lo que consideran una caza que apunta a la actividad. Para el tributarista Ricardo Mihura Estrada, integrante de la Comisión Directiva de Bitcoin Argentina, la agresividad de la AFIP con la minería casera es difícil de entender.
“Está procediendo directamente a clausurar mineros, únicamente por no exhibir facturas de compra de los equipos, o por no estar inscriptos como contribuyentes. Las facultades que está utilizando son excepcionales, destinadas a discontinuar actividades francamente delictivas, como por ejemplo el contrabando. Están desconociendo la realidad de que el sector está muy ambiguamente regulado en lo impositivo, concretamente.”
Lo que alegan las autoridades de Argentina para proceder contra las granjas en cuestión no tiene que ver con la minería per se. El objetivo de la AFIP era obtener información sobre asuntos como la declaración de activos, la procedencia del dinero usado para invertir en hardware e instalaciones y los monederos donde se depositan las recompensas obtenidas de la minería.
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