Luxemburgo, 26 abr (EFE).- El juicio contra tres acusados de haber filtrado miles de documentos del escándalo fiscal LuxLeaks, por el que se descubrieron en 2014 las ventajas fiscales concedidas por el Gran Ducado a multinacionales, comenzó hoy en Luxemburgo bajo una fuerte atención mediática y el apoyo a los informantes.
Luxemburgo acusa al informante Antonine Deltour, un exauditor en la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC), al periodista francés Edouard Perrin y a Raphaël Halet, otro exempleado de la consultora, auditora y asesora legal y fiscal de haber publicado unos 28.000 documentos sobre las resoluciones tributarias acordadas entre el Gran Ducado y 340 multinacionales entre 2002 y 2010.
El inicio del proceso penal contra los tres franceses, que se prevé que dure hasta el 4 de mayo, estuvo marcado por las declaraciones de la testigo Anita Bouvy, del departamento interno de auditoría de PwC, en las que quedó claro que el acceso a los documentos era fácil para los empleados.
A la pregunta del abogado de Deltour, Philippe Penning, sobre cuántas personas tenían acceso a estos documentos, ella respondió "unos 12".
Por cada documento puede haber de media 649 accesos de 86 usuarios, indicó, de acuerdo con los medios luxemburgueses.
Bouvy explicó que Deltour buscó directamente resoluciones fiscales, pero no podía descartar que en parte haya visto casualmente las ventajas tributarias en cuestión.
El periodista galo Perrin se declaró no culpable al comienzo del juicio, que atrajo a unos 30 activistas delante del tribunal para expresar su solidaridad con los acusados.
A su llegada al tribunal, Deltour se vio rodeado por cámaras y fotógrafos y la treintena de personas le gritaba "Gracias Antoine, gracias Antoine, gracias", y portaban pancartas donde se podía leer "Antoine se te apoya".
Deltour está acusado de haber robado documentos de la consultora antes de que la abandonara en 2010 y de revelar secretos empresariales y haber violado la confidencialidad profesional.
Confió los documentos a Perrin, quien primero reveló la información en 2012 en un programa de la cadena de televisión pública France 2, y está acusado de complicidad en el robo de documentos, de la revelación de información confidencial y de violación del secreto profesional.
Se le acusa de haber manipulado a Halet para que efectuara una segunda filtración de documentos.
Los tres se enfrentan a entre cinco y diez años de prisión.
El escándalo reveló prácticas del Gran Ducado que permitió a las multinacionales pagar menos del 1 % en impuestos en lugar de un 29 % y salpicó directamente al actual presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien en aquel entonces era primer ministro de Luxemburgo, además de ministro de Finanzas.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, recibió la semana pasada una invitación para comparecer en calidad de testigo, pero la declinó, indicaron a Efe fuentes comunitarias.
En su respuesta indicó que los documentos de LuxLeaks han proporcionado acceso a una impresionante cantidad de resoluciones tributarias y constituyen una fuente interesante de información", pero el juicio no afecta directamente a sus responsabilidades.
El portavoz comunitario Margaritis Schinas señaló hoy sobre el hecho de que se juzguen a informantes y no a otras personas que el proceso en Luxemburgo es uno bajo la "legislación penal nacional, donde la UE no tiene competencia".
Recalcó que tanto Juncker como la CE han dicho ya que la publicidad en torno a estas prácticas "han ayudado mucho a destacar nuestro trabajo en la lucha contra la evasión y elusión fiscal".
La filtración fue el escándalo más importante en materia de elusión fiscal hasta la publicación de los "papeles de Panamá".
La CE impulsó a continuación una serie de medidas para luchar contra las complejas artimañas de multinacionales y para impulsar el intercambio automático de información, además de investigar las resoluciones tributarias en los países miembros y abrir casos contra Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Fiat, Starbucks (NASDAQ:SBUX), entre otras empresas.
También la Eurocámara creó una comisión especial para investigar las ventajas tributarias, que no son ilegales pero cuestionadas ética y moralmente.
Eurodiputados como el coordinador de la Izquierda Unitaria Nórdica () de la comisión especial, Fabio De Masi, y Sven Giegold testificarán a favor de la defensa en el juicio.