MADRID (Reuters) - El organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas dijo el lunes que no puede evaluar la senda de consolidación fiscal en España porque le faltan datos sobre la política fiscal del Gobierno.
En una nota de prensa, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dijo que recibió el 8 de abril un borrador del Ministerio de Economía sobre el escenario macroeconómico del Programa de Estabilidad 2016-2019, aunque dijo que carecía de detalles sobre la política fiscal a seguir para poder emitir a tiempo su informe el 15 de abril, que es preceptivo por ley.
"La AIReF no puede evaluar los resultados y la consistencia interna del escenario macroeconómico enviado al no disponer de la política fiscal subyacente. Sin un mínimo detalle de la composición de los ingresos y gastos no es posible evaluar la influencia del sector público en la actividad de la economía española", dijo el organismo en una nota de prensa.
Una portavoz de Hacienda no quiso realizar comentarios.
La AIReF, cuya creación fue una exigencia de Bruselas, ya ha chocado en otras ocasiones con el Gobierno de Mariano Rajoy, que desde el pasado 20 de diciembre se encuentra en funciones mientras persiste una situación de bloqueo político entre los diferentes partidos que impide formar un nuevo Ejecutivo.
El Gobierno se dispone a pactar con Bruselas su plan de estabilidad fiscal en un momento en el que ha reconocido una rebaja de las previsiones de crecimiento para este y el próximo año y ha anunciado un recorte adicional de 2.000 millones de euros en los presupuestos de 2016.
Organismos internacionales como el FMI han advertido de que España necesita tomar medidas adicionales para reducir su déficit presupuestario y evitar el incumplimiento de los actuales objetivos de déficit -de un 2,8 por ciento del PIB para este año-, después de incumplir la meta del 4,2 por ciento en 2015 con una cifra del 5 por ciento.
Los partidos políticos de la oposición, que han pedido una reducción más progresiva del déficit, han exigido al Gobierno que atienda sus peticiones para negociar el programa con Bruselas, una pretensión acogida con tibieza desde el Ejecutivo.