Barcelona, 15 oct (.).- El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) ha puesto en un dictamen varios 'peros' al nuevo impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos a motor, que el Govern quiere empezar a cobrar en noviembre de 2020 y que gravará a 3,6 millones de turismos y furgonetas.
El CTESC, órgano consultivo integrado por los sindicatos CCOO, UGT, JARC y Unió de Pagesos, las patronales Foment y Pimec, la Confederación de Cooperativas de Cataluña, la Mesa del Tercer Sector, el sector pesquero y expertos en economía laboral y social, considera que este nuevo impuesto "no garantiza el cumplimiento del objetivo que motiva su creación", es decir, reducir las emisiones de C02, y apuesta por una reformulación de la fiscalidad.
El CTESC dice que comparte los objetivos de reducir el dióxido de carbono pero cree que el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de cambio climático por la que se crea este impuesto, si opta por la vía fiscal, "sería necesaria una estrategia conjunta de todas las administraciones y una reconsideración de la fiscalidad catalana".
Esta fiscalidad debería introducir "criterios de corrección de impactos ambientales de la actividad productiva y de los hábitos de consumo", según el Consell.
"El diseño propuesto del impuesto en el Anteproyecto de ley no cumple estos criterios y por tanto, el CTESC considera que no garantiza el cumplimiento del objetivo que motiva su creación".