Ana López Álvarez-Quiñones
Madrid, 14 nov (EFE).- Los ministros de Economía de la zona del euro, el Eurogrupo, acordarán hoy el final del programa de ayuda financiera que hace poco más de un año puso en jaque a España y, sin embargo, luego ha servido para alejar el fantasma del rescate al conjunto de la economía.
Tras algunas reticencias, el Gobierno español tuvo que pedir ayuda financiera a sus socios europeos en junio de 2012, obligado por la dramática situación del sector financiero y sobre todo de las cajas de ahorros, que se habían endeudado muy por encima de lo aconsejable para financiar al sector inmobiliario.
Con una larga recesión económica a las espaldas, con más de 6 millones de desempleados y con la prima de riesgo alcanzando el máximo histórico de 600 puntos básicos, que después incluso empeoró, la situación era tan grave en aquel momento que los mercados incluso llegaron a poner en tela de juicio la propia continuidad del euro.
Fue entonces cuando el Eurogrupo anunció la puesta en marcha de una línea de crédito de hasta 100.000 millones, que, aunque no fue un rescate en toda regla como los de Grecia, Irlanda o Portugal, sí exigió a cambio a las entidades beneficiarias durísimos planes de reestructuración, que finalizarán en 2016.
Del dinero disponible, España sólo utilizó unos 41.000 millones. El grueso de esta cifra, casi 37.000 millones, fue a parar a Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y el Banco de Valencia, todas ellas nacionalizadas ya en aquel momento, mientras que Liberbank, Caja 3, BMN y CEISS se llevaron entre todas 1.865 millones en ayudas. El resto se empleó para poner en marcha el "banco malo".
El FROB, el fondo de rescate español, fue el encargado de recibir los fondos europeos para trasladarlos luego a cada entidad, bien mediante inyecciones directas de capital o en forma de bonos contingentes convertibles ("cocos" en el argot financiero).
Debido a las exigencias del Memorándum de Entendimiento (MOU) aprobado para fijar las condiciones de la ayuda, Bankia ha reducido su red de oficinas un 24 %, hasta 2.462; su plantilla, un 17,3 %, hasta 17.230 personas y sus activos, casi un 14 %, hasta 261.284 millones.
Catalunya Caixa, por su parte, teniendo en cuenta algunos avances hechos ya con anterioridad, ha recortado su red un 39 %, con lo que ahora se compone de 715 oficinas; su plantilla, un 31 % (4.847 personas) y sus activos un 10 % (69.163 millones).
Igualmente Novagalicia ha adelgazado su red un 35,6 %, hasta quedar en 592; en tanto que su plantilla se sitúa en 4.446 personas, después de que la entidad lograra evitar la desaparición de 743 puestos de trabajo con la venta de 66 oficinas (con su negocio y empleo) al Banco Etcheverría y la de EVO Banco al fondo estadounidense Apollo.
Otra de las condiciones impuestas por Bruselas fue la creación del "banco malo", Sareb, para que todas las entidades rescatadas transfirieran sus activos inmobiliarios "tóxicos", lo que hicieron en dos tandas, en noviembre de 2012 y en enero de 2013.
Las citadas ayudas, los traspasos de activos inmobiliarios, que adelgazaron considerablemente los balances de esas entidades, y las plusvalías que han ido obteniendo con las ventas de participaciones industriales a las que también les obligaba el MOU han contribuido a mejorar las cuentas de estas entidades, especialmente los de Bankia.
Aunque en el caso del resto de nacionalizadas, la vuelta a beneficios sólo ha sido posible gracias al canje con fuertes descuentos de participaciones preferentes y deuda subordinada en manos de sus clientes.
Según los últimos datos disponibles, el grupo BFA-Bankia obtuvo un beneficio atribuido de 527 millones hasta septiembre, frente a las pérdidas de un año antes, y sin tener en cuenta el efecto positivo del canje de híbridos, mientras que Novagalicia ganó 61 millones incluyéndolo.
CatalunyaBanc, por su parte, que aún no ha publicado las cuentas de los nueve primeros meses del año, terminó junio con un beneficio neto atribuido de 183 millones, frente a los 1.444 millones perdidos en el mismo periodo de 2012, gracias al canje de preferentes.
En resumen, año y medio después del rescate bancario y tras muchas reformas, mucho trabajo y muchos sacrificios para todos los españoles, no sólo se ha saneado el sector bancario sino que los inversores han cambiado radicalmente su percepción sobre el futuro de la economía española, ahora ya fuera de la recesión.
También la prima de riesgo española ha caído a 235 puntos básicos, el mínimo de los dos últimos años, al tiempo que los inversores acogen con entusiasmo todas y cada una de las emisiones de deuda del Tesoro, que se saldan con elevadas demandas y cada vez a menores precios.
Las agencias de calificación de riesgos no han tardado en hacerse eco de los cambios que se están produciendo en España y la primera ha sido Fitch, que el pasado 1 de noviembre mantuvo la nota del país, un aprobado (BBB) pero mejoró su perspectiva de negativa a estable. EFE