Lima, 23 jul (EFE).- El ministerio peruano de Trabajo informó hoy
que ya tiene elaborado un plan para reubicar a los 2.500
trabajadores de Doe Run Perú que perderían sus empleos si la minera
no reinicia sus operaciones en La Oroya el 27 de julio, fecha límite
fijada por el Gobierno.
"Ya hemos presentado el plan correspondiente ayer (jueves) en
caso de que Doe Run no inicie operaciones el próximo 27 de julio",
afirmó la ministra de Trabajo, Manuela García, a la agencia estatal
Andina.
Precisamente, el ministerio de Energía y Minas informó hoy que la
empresa Doe Run, de capitales estadounidenses, incumplió a la hora
de entregar la documentación solicitada para garantizar la
reanudación el próximo 27 de las operaciones del complejo
metalúrgico de La Oroya, paralizado hace un año.
Por ello, la ministra García indicó que su cartera trabaja para
dar una alternativa laboral a los 2.500 trabajadores que operan el
complejo de La Oroya.
"Se están tomando en cuenta diversos criterios para el plan, como
el número de trabajadores, la situación laboral y la edad de estas
personas ante el hipotético caso de que Doe Run no quisiera
reiniciar sus operaciones", agregó la ministra.
La propuesta del ministerio de Trabajo incluye la capacitación de
los trabajadores de la minera a través del Programa Especial de
Reconversión Laboral (Perlab).
Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde
1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce
plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el
ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, la minera redujo el año
pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos
suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un
conjunto de bancos extranjeros.
La firma, además, fue expulsada de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado
desde 2006 en poco más del 50 por ciento, faltando una inversión de
160 millones de dólares para finalizarlo.
Durante los últimos meses el sindicato de trabajadores ha
realizado varias marchas de protesta, que incluyeron el cierre del
tránsito por la concurrida carretera Central, para presionar al
Gobierno y a la empresa a que reanuden las operaciones en el
complejo. EFE