Quito, 29 jul (.).- La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) manifestó este lunes su preocupación por el reciente informe emitido por una comisión parlamentaria que pone en duda la vigencia del nuevo programa crediticio aprobado este año por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Ecuador por valor de 4.000 millones de dólares (unos 3.696 millones de euros).
El informe aprobado el pasado viernes por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional (Parlamento) sostiene que el programa crediticio carece de validez y eficacia al considerar que incumple varios puntos de la Constitución, por lo que recomendó iniciar un juicio político de censura al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.
La Cámara de Comercio de Quito lamentó que el informe de esta comisión legislativa se posicione en contra del acuerdo crediticio con el FMI "sin establecer una alternativa para equilibrar la caja fiscal y cumplir con las obligaciones estatales esenciales".
"Alertamos que este pronunciamiento puede generar desconfianza y proyectar una imagen de falta de seriedad del país. Los acuerdos con el FMI son compromisos ya adquiridos, y desconocerlos podría poner en riesgo el apoyo financiero de los organismos multilaterales, cuyos aportes son cruciales para estabilizar la economía, la producción y el empleo", dijo la CCQ.
El gremio reconoció que "el acuerdo con el FMI es una medida que incomoda a ciertos sectores", pero afirmó que a su criterio "hoy no hay alternativa".
"Pedimos al Gobierno y a la Asamblea Nacional dejar de lado los intereses políticos y las diferencias coyunturales y trabajar en conjunto para lograr medidas económicas técnicas, responsables y urgentes que les permitan a Ecuador proyectarse al futuro con estabilidad y optimismo", concluyó.
El informe de la comisión parlamentaria también sostuvo el acuerdo con el FMI tiene impacto en los pueblos y nacionalidades indígenas, en el derecho a la salud, trabajo, cultura y seguridad social.
El mismo documento precisó que un porcentaje de los recursos corresponde a la deuda con el propio FMI, por créditos obtenidos con anterioridad y el resto del crédito estaría destinado a pagar a otros acreedores del Estado, según detalló la Asamblea en un comunicado emitido el viernes.
"De la lectura del acuerdo suscrito se evidencia que se insertan compromisos de expedir, modificar o derogar normativa económica y laboral en el Ecuador”, advirtió el informe aprobado por la comisión.
El nuevo programa crediticio del FMI para Ecuador fue aprobado a finales de abril por un valor de 4.000 millones de dólares a entregar en un periodo de cuatro años, con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, que en 2023 registraron un déficit de unos 4.800 millones de dólares, equivalente a cerca del 5 % del producto interior bruto (PIB).
Ecuador concluyó en 2022 por primera vez en alrededor de dos décadas un programa crediticio con el FMI, que desembolsó 6.500 millones de dólares en el transcurso de 27 meses.
Entre las medidas tomadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para equilibrar las cuentas estatales se encuentra una reforma tributaria que elevó de 12 % a 15 % el impuesto al valor agregado (IVA) entre otros tributos y la reducción de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo, que hasta finales de junio tenían el precio congelado.