Managua, 17 mar (EFE).- El representante nicaragüense en el Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA), José Adán Aguerri, demandó hoy mayor integración comercial en la región para aprovechar mejor el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE).
"Necesitamos mayor voluntad política de los gobiernos centroamericanos", apuntó Aguerri, también presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), durante la apertura en Managua del Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II), auspiciado por la UE.
Según el dirigente gremial, Centroamérica tiene 65 obstáculos en materia de integración comercial que hacen al istmo correr "a una velocidad de 14 a 19 kilómetros por hora" e impedir una circulación eficiente de las mercaderías.
Los obstáculos están relacionados a la burocracia, seguridad e infraestructura, señaló el empresario.
Aguerri mencionó que las normas regionales para agilizar el transporte de mercancías en Centroamérica han tardado hasta 8 años en materializarse, y que la lista de obstáculos podría discutirse por primera vez en junio próximo.
El PAIRCA II es una herramienta del Acuerdo de Asociación para promover, facilitar y modernizar la integración centroamericana.
Por su lado, el secretario general del SICA, el salvadoreño Hugo Martínez, quien reconoció la falta de integración centroamericana en el aspecto comercial, se mostró optimista sobre los avances.
"Cada vez hay mayor voluntad política de los gobiernos. Centroamérica va incontestablemente hacia una libre circulación de mercancía", dijo a Efe Martínez.
El representante del SICA anotó que el comercio interregional pasó de 4.000 millones de dólares hace una década, a 7.500 millones de dólares en 2012, como prueba de que existen avances.
Martínez mencionó que el Acuerdo de Asociación obligará a que el flujo de las mercancías dentro de la región sea más rápido, aunque reconoció que no será en el corto plazo, sino "a mediano plazo".
El Acuerdo de Asociación entró en vigor el pasado 1 de agosto en la UE y en Honduras, Nicaragua y Panamá; el pasado 1 de octubre en Costa Rica y El Salvador; y el pasado 1 de diciembre en Guatemala.