Madrid, 14 jul (.).- El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han reclamado un pacto de rentas que incluya, además de un acuerdo de moderación salarial entre los agentes sociales para el sector privado, a pensionistas y empleados públicos.
En un acto organizado este jueves, también se han mostrado contrarios a los últimos impuestos anunciados por el Gobierno para la banca y las energéticas y que, han advertido, pueden desincentivar las inversiones.
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha subrayado que en ese necesario pacto de rentas deberían entrar, además de salarios y pensiones, márgenes empresariales y alquileres y que debería contar con apoyo de todos los grupos políticos.
Para De la Fuente un pacto más amplio permitirá repartir de forma más equilibrada el impacto de la situación creada por la elevada inflación.
"La subida de los precios de la energía y otras materias primas desencadenada por la guerra nos ha hecho más pobres", ha señalado al inicio del debate donde ha cifrado esa pérdida de riqueza en un 7 %.
Ante esto, ha argumentado, caben dos opciones: tratar de repartir la pérdida de renta de una forma equitativa o "pasarle la pelota al vecino, subiendo nuestros precios o salarios".
"Si optamos por lo segundo, seguiremos siendo más pobres, pero pondremos en marcha una espiral inflacionista que agravará el problema", ha añadido.
Sobre cómo introducir las pensiones en ese pacto, ha apuntado que las mínimas sí deben subirse con el IPC pero no el resto que deberían elevarse menos que la inflación al igual que los salarios privados y públicos.
En la misma línea, el vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos, Jordi Alberich, ha señalado que un pacto de este tipo de pacto es "indispensable" ante la complicada situación que se afronta con la inflación y ha abogado por moderar salarios públicos y privados así como la subida de las pensiones medias y altas.
También el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha abogado por afrontar esta situación con un pacto amplio, con "una visión global" y "no con medidas sueltas".
Así, se han mostrado críticos con algunas de las medidas tomadas por el Gobierno, como la subvención generalizada de 20 céntimos a los carburantes o el recién anunciado impuesto a la banca y las grandes energéticas.
"Imponer un recargo especial por ser un sector o porque le cae mal a alguien es mala idea (...) no ayuda a atraer inversiones", ha criticado De la Fuente que sí ha valorado otras medidas, como el alza del ingreso mínimo vital (IMV) o el cheque para los más vulnerables.
Tampoco ven clara la bajada del IVA de la electricidad y han abogado por otras medidas fiscales como deflactar el IRPF.