Madrid, 24 feb (.).- El Pleno del Congreso ha aprobado las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley de protección de los consumidores, que compromete al Gobierno a promover cambios legislativos para garantizar la atención personalizada en los bancos a los usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden.
Por otra de esas enmiendas, el Ejecutivo auspiciará, en coordinación con el Banco de España como supervisor y representantes del sector de entidades de crédito, un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, especialmente las de mayor edad.
Las enmiendas que venían del Senado han sido aprobadas, aunque algunas de ellas han recibido el rechazo o la abstención de Vox, pero todas han salido adelante.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha agradecido a los grupos que "han contribuido con sus enmiendas a mejorar la ley" y ha recordado que "cualquiera puede ser vulnerable con el paso de los años", a los que se "les amplia los derechos", por lo que es "un éxito para toda la sociedad".
La diputada socialista Marisol Sánchez la ha definido como "eminentemente social", al proteger al 39 % "que siente vulnerabilidad en su relación con el consumo" y se ha extrañado de que "la bancada de la derecha ha decidido no votar a favor".
Ha rechazado que ponga en peligro la propiedad privada, como afirman desde el PP, Vox y Ciudadanos, y ha dicho que al contrario mejora los derechos al consumo en el ámbito rural, a los mayores o a las personas con bajo nivel educativo y sin conocimientos tecnológicos.
Ha recordado que amplía el tamaño de la letra en los contratos; incorpora el lenguaje braille en el etiquetado; incluye la obligación de las empresas a apoyar a los vulnerables y atiende a la petición de las personas mayores de aumentar la presencialidad de los servicios de la banca.
Carmen Riolobos, del PP, ha dicho que no resuelve los problemas de los consumidores con vulnerabilidad, ni los derivados de la banca, ni la ocupación de viviendas, y que es un "ataque frontal a la propiedad privada, pues "legitima la ocupación" y ha apostado por una banca con servicios personalizados y porque en los municipios de menos de 5.000 habitantes Correos pueda atender las necesidades bancarias.
Para la diputada de Vox Cristina Esteban la ley "da amparo a la delincuencia" y el Gobierno "protege, ampara y alienta la ocupación ilegal. Es un ataque el Estado de derecho y anticonstitucional".
Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha asegurado que la norma "esconde una trampa: bendice la ocupación de viviendas y reduce los casos para los desalojos, especialmente de la segunda vivienda", aunque contiene "buenas modificaciones" para los consumidores.
Por el grupo Plural, Néstor Rego ha pedido una nueva regulación para la banca, para aumentar su presencia y los horarios de atención al público y Concep Cañadell ha celebrado su aprobación, a pesar de que "no hay suficiente protección a las lenguas del Estado" y de que consumo sea una competencia exclusiva de Cataluña.
Laura López, del grupo Confederal, ha agradecido el esfuerzo hecho en el Senado con sus enmiendas, al "enfatizar" el objetivo común de la protección de los consumidores y establecer por ley sus derechos.