Madrid, 30 ene (.).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha incluido desde enero en el cálculo del índice de precios de consumo (IPC) el precio del gas y la electricidad en el mercado libre, un cambio en el que llevaba trabajando más de un año porque ha requerido un proceso de adaptación de la información recabada.
El INE ha informado en un comunicado de que también ha modificado la estructura de las ponderaciones para adaptarla a la reglamentación europea, de forma que disminuye tres puntos el peso del grupo de alimentos y bebidas alcohólicas, y también baja un punto y medio el peso de la vivienda (que incluye la electricidad) en la cesta de la compra.
Por el contrario, aumenta 0,8 puntos el del transporte y 0,2 puntos el de hoteles, cafés y restaurantes.
Cada año se actualiza el peso o importancia de los componentes del IPC y cada cinco años se actualiza la estructura completa para todos los niveles de desagregación.
Según explica el INE, a partir del año 2023 la fuente principal utilizada para la actualización de las ponderaciones ha pasado a ser la contabilidad nacional, en lugar de la encuesta de presupuestos familiares (EPF) como hasta ahora.
Un tercer cambio anunciado por el INE tiene que ver con el procedimiento utilizado para la realización de la encuesta, ya que a lo largo de 2023 se ampliarán los sectores en los que se recolectan precios por medio de dispositivos electrónicos para simplificar el proceso de obtención de información.
INCLUSIÓN DEL MERCADO LIBRE DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD
Las tarifas consideradas hasta ahora para el cálculo del indicador de precios se referían exclusivamente al mercado regulado, pero con el cambio al mercado libre de un número cada vez mayor de hogares "se consideró necesario incorporar el mercado libre para representar adecuadamente la evolución de los precios del sector", explica el INE.
Esta ampliación de la cobertura no se pudo acometer en el año 2022 debido a que no se disponía de la información con el suficiente nivel de detalle, ni con los criterios técnicos necesarios que permitieran aplicar una metodología consistente con los requerimientos exigidos en el cálculo del IPC.
A lo largo de 2022 las principales compañías distribuidoras han adaptado sus sistemas de procesamiento de la información para responder a las exigencias metodológicas del IPC y poder incorporar los precios del mercado libre con plenas garantías.