Madrid, 8 jun (.).- El exdirector de los Servicios Jurídicos del Popular Tomás Pereira ha defendido en la Audiencia Nacional las operaciones realizadas por el banco con la sociedad luxemburguesa Thesan, autorizadas por el ex consejero delegado Francisco Gómez y de las que no estaba al tanto el expresidente Ángel Ron.
Pereira ha declarado ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, como investigado por su relación con presuntas operaciones de financiación irregular del Banco Popular (BME:POP) en Luxemburgo mediante sociedades pantalla gestionadas a través de Thesan Capital.
Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, Pereira ha explicado que el Popular acudió a Thesan para abordar problemas de una serie de compañías endeudadas con el banco, empresas que tenían problemas financieros y a las que se quería ayudar.
No es Thesan la que invierte en ellas, ha aclarado Pereira, sino el propio banco a través de unas sociedades en Luxemburgo, y no se trataba de "refinanciarlas sino de otorgarles financiación, dinero nuevo a compañías en crisis".
En todo caso, ha reiterado Pereira, el responsable de autorizar esas operaciones era el ex consejero delegado del banco Francisco Gómez, previa consulta con el comité de Riesgos; una vez "valoradas y validadas las operaciones", se informó al Comité de Dirección, pero no al entonces presidente de la entidad, Ángel Ron.
El Banco Central Europeo (BCE) se interesó por dichas operaciones y pidió detalles al banco, explicación que le hubiera correspondido a Francisco Gómez, pero que tuvo que dar Pereira porque Gómez, que fue quien aprobó los 220 millones, ya había abandona la entidad.
El banco, ha relatado Pereira, asumió el riesgo de invertir en esas sociedades "sin llevar a cabo el análisis correspondiente de lo que conllevaba esa operación, pero teniendo en cuenta que tenía más que ganar que de perder, y así fue porque se salvaron todas menos una", ha explicado.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
Asimismo, el juzgado central de instrucción nº 1 investiga ya la ampliación de capital de 2012, tras ser admitida una querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores.