Madrid, 28 abr (.).- El ex director general de Sa Nostra Pere Batle ha asegurado en la Audiencia Nacional que, en el comité de seguimiento de riesgos de la caja del que él formaba parte, el cumplimiento de la normativa era "sagrado", ya que se seguían de modo "pormenorizado" todas las operaciones.
Batle, al que las acusaciones achacan delitos de apropiación indebida y administración desleal, ha declarado este miércoles ante la sección tercera de la sala de lo penal, en el juicio por la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico "que oscila entre 48 y 50 millones de euros", detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.
Ante la Sala, Batle ha defendido que se vigilaban todas las operaciones y en especial aquellas "que en algún momento determinado pudieran presentar algún riesgo para la entidad", como la administración de hecho, la concursal y el riesgo reputacional, "que tan importante es en una institución de crédito".
Además de Batle, figuran como imputados su adjunto Pablo Dols; el ex subdirector general de la caja, Rafael Oliver, y el apoderado de varias sociedades del holding, ya que el promotor inmobiliario Martín Gual fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en diciembre de 2019.
A todos ellos se les atribuye presunta apropiación indebida y administración desleal.
Batle ha relatado que el difunto Martín Gual, el promotor al que más viviendas se le financiaron, era un profesional "escrupuloso, que creaba una sociedad por cada una de las promociones que hacía y no empezaba nunca una promoción sin un número de ventas determinado".
Según afirma la Fiscalía Anticorrupción, los órganos de la caja mostraron desde 2005 y "con incremento de la actividad entre 2008 y 2010", un control "deficiente" en un contexto de "mala situación financiera y sin garantías de la financiación concedida, a precios desproporcionados para el tipo de suelo adquirido y sin valoración externa en la compra de participaciones sociales".
La fiscal remite al informe elaborado por el Banco de España, que evidencia que las operaciones, algunas destinadas a la compra de fincas en Son Morlà, Son Morlanet y Son Bordoy (Palma), se hicieron sin "certeza de la solvencia del deudor" ni seguimiento del riesgo, lo que permitió que las sociedades vinculadas al grupo "no pudieran cumplir con sus compromisos de pago".
De igual modo, destaca la "asimetría de las financiaciones", de las que se habrían desviado 23,8 millones de euros, ya que, de sufrir pérdidas, éstas serían soportadas "prácticamente en su totalidad" por la caja.
Al margen de ésta, el juez investiga una segunda querella por las presuntas irregularidades en operaciones realizadas por Sa Nostra siempre a través de su filial inmobiliaria Invernostra, con Sotohermoso, en las que "se permitió que se produjera un desvío de partes de los fondos a fines ajenos", cuantía que los informes fijan en 33,6 millones de euros.
Sa Nostra se integró junto con las cajas de Granada y Murcia y Caixa Penedès en Banco Mare Nostrum (BMN), que en 2017 se fusionó con Bankia (MC:BKIA).