Madrid, 18 oct (.).- El expresidente de SOS Jesús Salazar vuelve al banquillo esta semana acusado de blanqueo de capitales, un delito contra Hacienda y otro por insolvencia punible, cargos por los que el fiscal pide 8 años de prisión y 14,6 millones de euros, entre la sanción y el dinero a devolver a las arcas públicas.
El juicio está programado para el próximo viernes, 23 de octubre, en la Audiencia Nacional, y se corresponde con una pieza separada del llamado "caso SOS", resuelto el pasado febrero con acuerdo entre las partes.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el que fuera máximo responsable del grupo alimentario -ahora llamado Deoleo- es acusado de idear una trama para reclamar a Hacienda el pago de 2,46 millones de euros en concepto de devolución del IVA por una serie de operaciones acometidas en 2009.
La Fiscalía precisa que esa solicitud se realiza "a sabiendas" de que una de las operaciones incluidas en la documentación resultó fallida; pese a ello, el dinero fue abonado en 2011.
También orquestó una serie de transferencias y maniobras dirigidas a esquivar sus obligaciones derivadas del "caso SOS" -el juez, de hecho, impuso una fianza de 360 millones de euros- y para conseguirlo contó con la ayuda de Francisco Blázquez Aroca, para quien el Ministerio Público reclama exactamente la misma pena que para Salazar.
En el epicentro de la trama se encontraba la sociedad DDAL inversiones, controlada inicialmente por los Salazar y que pasó a manos de Blázquez.
El objetivo final de las transferencias entre empresas y el enjambre societario organizado era "dificultar" que se conociera "el destino del dinero", según la Fiscalía, lo que en la práctica pretendía permitir a Jesús Salazar salvar parte de su dinero y patrimonio de las responsabilidades derivadas del "caso SOS".
Para cada uno de los acusados solicita tres años de cárcel y 2,15 millones de euros de multa por blanqueo de capitales; otros tres años de prisión y 10 millones de multa por delito contra Hacienda; y dos años más de cárcel por insolvencia punible.
Además, en concepto de responsabilidad civil, pide la devolución de los 2,46 millones de euros que Hacienda pagó indebidamente.
Tanto Jesús como su hermano Jaime Salazar llegaron en febrero a un acuerdo para evitar el juicio por el llamado "caso SOS", uno de los mayores escándalos empresariales en la historia de España, con el desvío de más de 200 millones de euros desde las cuentas de la compañía a sociedades controladas por los acusados.
Jesús Salazar aceptó 21 meses de prisión y 5.100 euros de multa por delito societario y Jaime, 10 meses y medio de cárcel más una sanción de 3.300 euros.
En el propio escrito de acusación se precisa que el procedimiento había sido aplazado hasta ahora para ser enjuiciado después de la resolución del "caso SOS", al ser ésta la causa principal.