Madrid, 30 jun (.).- El juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos servicios de espionaje que el BBVA (MC:BBVA) habría encargado a la empresa del excomisario José Villarejo ha imputado al exdirector del gabinete de presidencia del BBVA y actual jefe de auditoría interna del banco, Joaquín Gortari.
En un auto fechado el pasado 24 de junio, el titular del juzgado central de instrucción nº 6, Manuel García Castellón, atiende el recurso presentado por el abogado Felipe Izquierdo, si bien descarta su petición de que Gortari, el expresidente del banco, Francisco Gonzñalez, y la propia entidad, abonen una fianza solidaria de dos millones de euros.
El pasado septiembre, el juez admitió la querella de Izquierdo, quien aseguraba "haber tenido conocimiento de que la entidad dio órdenes de 'espiarle' con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden, presuntamente, de Francisco González y Joaquín Gortari".
El magistrado entiende que citar a Gortari como investigado es una manera de "salvaguardar" su derecho de defensa sobre unos hechos que "podrían ser constitutivos de delitos" de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
La "operación Trampa", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr (MC:SCYR) inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.
A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
En el auto de levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".