Bruselas, 19 nov (.).- La Comisión Europea (CE) quiere que los Gobiernos de la Unión Europea puedan dar ayudas públicas para el acceso a Internet fijo y móvil en forma de bonos, así como permitir que estos puedan financiar el despliegue de redes incluso de máxima velocidad en zonas despobladas cuando no haya inversores privados.
Estas son algunas de las medidas recogidas en la consulta pública abierta este viernes por el Ejecutivo comunitario para revisar, a mediados de 2022, la normativa comunitaria sobre la concesión de ayudas de Estado para el despliegue de Internet de banda ancha.
Estas directrices para los 27 países de la UE "buscan facilitar el despliegue y adopción de las redes de banda ancha en áreas con una insuficiente conectividad de servicios, como regiones remotas o con escasa población de la UE", afirmó el Ejecutivo en comunicado.
"Queremos facilitar que los Estados impulsen el desarrollo de la banda ancha, incluyendo las redes Gigabit y 5G, pero también limitar las distorsiones de competencia", dijo la vicepresidenta responsable de la cartera, Margrethe Vestager.
Las reglas permiten por tanto conceder ayudas públicas para el despliegue de infraestructuras modernas que proporcionen internet de alta calidad a precios asequibles en lugares dónde los operadores comerciales no tienen incentivos para invertir, pero al mismo tiempo aseguran que la intervención pública no puede producirse donde sí hay financiación privada.
También exigen procedimientos de selección competitivos, neutralidad tecnológica y acceso abierto.
Tras evaluar las reglas actuales, Bruselas ha concluido que en general funcionan bien, pero que se requieren algunos "ajustes" para avanzar hacia el objetivo de que en 2030 todos los hogares de la UE tengan acceso a Internet a velocidad Gigabit (la máxima disponible) y que haya conexión móvil vía 5G en todas las zonas pobladas.
Así, plantean permitir una nueva forma de ayuda pública, en forma de bonos, para facilitar el acceso a la red, así como introducir nuevos umbrales de velocidad para el apoyo público a las redes fijas Gigabit y clarificar las normas para las ayudas a las redes móviles para tener en cuenta las mayores necesidades de conectividad de los ciudadanos
Al mismo tiempo se aclararán algunos conceptos importantes a la hora de que Bruselas evalúe si las ayudas son compatibles con las normas europeas, por ejemplo las obligaciones de acceso mayorista, la extensión de las redes subsidiadas con fondos privados o los procesos de selección competitiva.
A mediados de 2020, el 87,2 % de los hogares de Europa tenía acceso a internet rápido de banda ancha con una velocidad de descarga de al menos 30 megabits por segundo y el 59,3 % tenía una red capaz de soportar velocidades Gigabit.
Al mismo tiempo, casi todos (99,6 %) tenían acceso a conexiones móviles 4G, pero solo un 13,9 % estaba cubierto por redes 5G.
La Comisión publicará las nuevas normas a mediados de 2022, una vez que termine la consulta sobre el borrador con los Estados miembros y partes interesadas.
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