Bruselas, 6 jul (.).- Diferentes partidos políticos de la Eurocámara volvieron a exigir este martes a la Comisión Europea (CE) que aplique ya las nuevas normas que condicionan la recepción de fondos europeos a respetar el Estado de Derecho.
Esas reglas entraron en vigor el 1 de enero, pero están pendientes de evaluación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), puesto que Hungría y Polonia pidieron su anulación.
"La pregunta es cuándo veremos una actuación, porque el mecanismo entró en vigor el 1 de enero y todavía no hemos visto sus frutos", declaró la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, ponente de una resolución sobre la materia que el Parlamento Europeo votará el miércoles y cuyo resultado se conocerá el jueves.
El sistema de condicionalidad permitirá suspender los pagos del presupuesto o del fondo de recuperación pospandemia cuando las violaciones del Estado de derecho afecten de un modo suficientemente directo al buen uso del dinero europeo o a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
Aunque está en vigor desde el 1 de enero pasado, la Comisión no prevé utilizarlo hasta que se pronuncie al respecto el TJUE, que examina la cuestión por el procedimiento acelerado.
El Ejecutivo comunitario se comprometió a presentar unas directrices sobre cómo aplicaría esta regulación y asegura que ya está analizando posibles violaciones del Estado de Derecho susceptibles de conllevar una suspensión de los pagos, con lo que ningún caso quedará sin penalizar.
Sin embargo, Gardiazabal recalcó que esas directrices "no son necesarias" y dijo no entender "qué puede aportarse" con ellas.
"Las directrices no son jurídicamente vinculantes y, además, no pueden alterar ni ampliar ni limitar el texto del reglamento", subrayó.
El otro ponente de la resolución, el popular Petri Sarvamaa, aseveró que la Comisión Europea "debe actuar y hacerlo rápido".
Desde los Verdes, la parlamentaria Terry Reintke destacó que las directrices "no son necesarias" porque el reglamento "ya es suficientemente claro" y dijo sospechar que la Comisión usa la preparación de esas indicaciones como excusa para "ganar tiempo".
"No necesitamos más tácticas dilatorias, no necesitamos declaraciones de comisarios que están muy preocupados por la situación del Estado de derecho en la Unión Europea. Necesitamos acción", recalcó, y comunicó que salvo los grupos de extrema derecha, todos los partidos de la Eurocámara están de acuerdo.
De hecho, el eurodiputado liberal de Renovar Europa Moritz Körner también consideró innecesarias las directrices y una "maniobra dilatoria" para retrasar la aplicación del reglamento.
Mientras tanto, los miembros de los grupos de extrema derecha y conservadores (Identidad y Democracia, así como Conservadores y Reformistas Europeos) y los no adscritos pertenecientes al húngaro Fidesz criticaron el mecanismo de condicionalidad.
El comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, insistió en que el mecanismo se aplica desde el 1 de enero y en que todas las violaciones del Estado de derecho que puedan afectar al presupuesto y los intereses financieros de la UE a partir de esa fecha quedarán cubiertas y no se ignorarán.
"Si no se puede establecer un vínculo suficientemente directo con el presupuesto, la regulación no se aplicará", constató, si bien señaló que existen instrumentos alternativos como los procedimientos de infracción contra los Estados miembros.
Tampoco excluyó, igualmente, que el mecanismo de condicionalidad se aplique a más de dos países y no solo a Hungría y Polonia.
"Actuaremos, pero de un modo en el que al final seamos exitosos", dijo, y agregó que las críticas pueden ser "prematuras".
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