Madrid, 24 nov (.).- La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha autorizado al administrador judicial de Alu Ibérica -antigua Alcoa- a que solicite ante los juzgados de lo Mercantil competentes la declaración de concurso voluntario de acreedores de Alu Ibérica LC, Alu Ibérica AVL e Iberian Green Aluminum Company.
En un auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado central de Instrucción número 3 considera que, teniendo en cuenta las circunstancias de las sociedades, es "la única vía adecuada para la protección del patrimonio, así como de los derechos de los trabajadores y del resto de acreedores".
"GALOPANTE SITUACIÓN DE INSOLVENCIA"
La magistrada se remite al informe realizado por el administrador judicial de las fábricas de Avilés (Asturias) y La Coruña, que concluyó que Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL se encontraban en situación de insolvencia y carecían de la capacidad de atender a las obligaciones adquiridas con terceros.
En su trabajo, el experto hacía alusión a la posible "existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera general al patrimonio del deudor", algo que ha sido "constatado" a través de las certificaciones expedidas por las Administraciones.
Así, "constan en vía ejecutiva deudas contraídas frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con origen a comienzos de 2020".
Además, respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social, surgen a la luz "relevantes embargos por ejecuciones con origen desde octubre de 2020".
El informe también se hacía eco de los procedimientos judiciales en curso, tanto en el ámbito laboral como en el civil, que pasarían factura al patrimonio de ambas sociedades hasta el punto de que "varias reclamaciones de cantidad interpuestas por trabajadores han provocado el embargo de cantidades de las cuentas corrientes".
Finalmente, sobre el eventual "alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor", aunque el administrador no entra a valorar si hubo delito, cree que aspectos como la venta de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) del periodo 2021 muestran "una galopante situación de insolvencia".
A la vista de este trabajo, la juez requirió un nuevo documento en el que el administrador judicial emitiese "posibles propuestas de actuación que, ante la crítica situación económico-financiera que describía, permitieran la mejor salvaguarda de los derechos de los trabajadores, acreedores y cualquier otro perjudicado".
Igualmente importante era asegurar "el patrimonio de las sociedades sujetas a administración judicial, especialmente el de las dos operativas, Alu Ibérica AC y Alu Ibérica AVL en orden a posibilitar la continuidad de sus actividades".
El administrador judicial, que en septiembre ya solicitó el preconcurso, informó entonces de que todas las gestiones iban encaminadas a la "obtención de financiación necesaria para poder plantear a los acreedores una propuesta de convenio anticipado o un acuerdo de refinanciación que pueda cumplir con los requisitos".
Por tal motivo, la magistrada autoriza a éste para que solicite el concurso voluntario de las entidades.
EL CONCURSO, UNA VÍA PARA LA LLEGADA DE INVERSORES
El pasado viernes el Ministerio de Industria trasladó al comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés (Asturias) la existencia de inversores interesados, que, no obstante, se mantienen a la espera de que la empresa entre en concurso de acreedores.
Según los responsables del departamento, este procedimiento de insolvencia sería "el marco legal" adecuado para la llegada de inversores, tal como detallaron desde el comité.
Un día antes, el consejero asturiano de Industria, Enrique Fernández, sostuvo que la declaración del concurso que se prevé para Alu Ibérica "en las próximas fechas" será el momento idóneo para la búsqueda de un "inversor serio y solvente".