Madrid, 20 nov (.).- La Mutualidad de la Abogacía trata de seguir manteniéndose como sistema de previsión social en exclusiva para los abogados que así lo decidan, ante la intención del Ministerio de Inclusión de obligar a todos los mutualistas a cotizar también a la Seguridad Social.
En un encuentro con medios de comunicación este miércoles, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, ha explicado que mantiene un diálogo con el Ministerio de Inclusión ante la reclamación de un grupo de abogados para pasar sus aportaciones de la Mutualidad a la Seguridad Social.
De los 210.000 mutualistas que tiene la Mutualidad, hay unos 60.000, llamados "alternativos" que únicamente han realizado aportaciones a este sistema de capitalización individual, en tanto que el resto cotiza también en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).
Son los "alternativos" los que hace un año y medio comenzaron a denunciar el escaso capital que les quedaba en el momento de la jubilación, algo que, según ha señalado Sanz, depende directamente de las decisiones de aportación a la Mutualidad que han tomado a lo largo de su vida laboral.
Los planes de la Seguridad Social
La intención del Ministerio es articular una pasarela para ese colectivo, que ya intentó sacar adelante la semana pasada con una enmienda transaccional del PSOE al proyecto de ley de eficiencia del servicio público de Justicia, que fue rechazada en su trámite en la Comisión de Justicia.
Dicha enmienda regulaba una pasarela para los mutualistas "alternativos" que hubieran comenzado a realizar aportaciones antes del 1 de enero de 2013, independientemente de su situación económica, aunque dejaría fuera a aquellos que contaran con un mínimo de 15 años cotizados que da derecho a una pensión en la Seguridad Social.
En esta propuesta se cerraba la alternatividad o la posibilidad de elegir aportar únicamente a la Mutualidad a partir de 2027, algo a lo que se opone la Mutualidad de la Abogacía, que defiende mantener esta opción porque es "un sistema que funciona y es eficiente".
Además, la enmienda recoge un aumento de la cotización mínima al RETA, que pasaría de manera progresiva del 80 % de la base mínima de la actualidad al 100 % en 2027.
La enmienda también regula cómo traspasar el ahorro gestionado por la Mutualidad a la Seguridad Social y cual es mecanismo utilizado para el canje en años cotizados.
Hasta ahora, los mutualistas sólo están obligados a aportar a la Mutualidad el 80 % de la base mínima del RETA, aunque desde que comenzó a aplicarse el nuevo sistema de cotización para los autónomos, deben hacerlo teniendo en cuenta sus ingresos reales, lo que eleva esa cuantía.
El capital en manos de la Mutualidad quedará provisionado a favor de la Seguridad Social, ha detallado Sanz, e irá siendo transferido a medida que se vayan produciendo las jubilaciones y demás contingencias que lo requieran.
Por su parte, para el cálculo del canje entre ahorro aportado a la Mutualidad y los periodos cotizados de aquellos mutualistas que accedan a la pasarela a la Seguridad Social, se tendrá en cuenta la base mínima que habría correspondido al trabajador de haber estado en el RETA.
Todo ello será actualizado al IPC y se le aplicará un coeficiente del 0,77 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas.
Según Sanz, el futuro de la Mutualidad está garantizado, dado que de los 10.500 millones de euros de ahorro que gestionan, apenas un tercio responde a aportaciones de los abogados "alternativos".