Óscar Tomasi
Lisboa, 22 dic (EFE).- La conjunción de toda una serie de factores políticos y económicos está detrás de la repentina y millonaria liquidación del banco portugués Banif (LS:BANIF), cuya delicada situación financiera era conocida desde hace años, sin que nadie previese un desenlace tan costoso para las arcas públicas.
La salida del rescate de Portugal (en mayo de 2014), el colapso del Banco Espírito Santo, la venta fallida del Novo Banco, las elecciones lusas, una investigación de la Comisión Europea sobre las ayudas públicas recibidas por la entidad y el cambio normativo a nivel europeo sobre liquidaciones bancarias que entra en vigor el 1 de enero son algunos de los ingredientes que explican lo ocurrido.
Fuentes internas de Banif consideraron en declaraciones a EFE que el "disparo de gracia", no obstante, acabó de darlo la publicación en medios lusos de noticias sobre un posible cierre del banco el domingo 13 de diciembre.
Aunque las informaciones fueron matizadas posteriormente, la especulación provocó una fuga de depósitos de cerca de 900 millones de euros en sólo cuestión de días, lo que complicó su situación de liquidez y colocó a la entidad al borde del precipicio.
La resolución de Banif se calcula que supondrá un coste para las arcas públicas portuguesas cercano a los 3.000 millones de euros, lo que equivale a casi el 2 % del PIB luso, una cifra especialmente notable para un banco que no era "sistémico".
El Estado era su principal accionista -con el 60 % de los títulos- desde 2013, cuando inyectó 1.100 millones de euros en la entidad para recapitalizarla.
Banif, comprado ahora por el español Santander (MC:SAN), era el más pequeño de los principales bancos lusos y centraba su actividad en las regiones autónomas de Madeira y Azores, a lo que suma una extensa red de clientes entre los emigrantes portugueses en el extranjero.
La firma acumulaba cuatro ejercicios consecutivos en pérdidas, con un perjuicio acumulado próximo a los 1.400 millones de euros entre 2011 y 2014.
Que Banif atravesaba dificultades financieras y necesitaba ser reestructurado era sabido desde hace años y se buscaba un comprador para el porcentaje que estaba en manos del Estado, aunque nunca llegó a lanzarse un concurso como tal.
Una carta fechada en diciembre de 2014 por la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, revelaba que la resolución de la entidad fue aplazada por el Gobierno luso, entonces de signo conservador, para poder lograr una "salida limpia" de su rescate financiero.
El documento, filtrado a medios lusos, vinculaba este retraso también a la proximidad de la intervención del Banco Espírito Santo (BES), en agosto de 2014, que hizo temblar los cimientos del país dado su peso específico.
Con los activos saludables de BES se creó Novo Banco, puesto a la venta poco después de nacer a través de un concurso que fue suspendido el pasado mes de septiembre, después de que las ofertas recibidas no cumpliesen las expectativas.
Ya entonces el país estaba inmerso en la campaña electoral de los comicios, realizados el pasado 4 de octubre, cuyo resultado -ningún candidato ganó con mayoría absoluta- dio paso a dos meses de incertidumbre política.
El actual Gobierno, de signo socialista, asumió el cargo a finales de noviembre y dice que sólo supo de la gravedad de la situación de Banif al tomar posesión.
Ya por entonces, la Comisión Europea también presionaba a las autoridades lusas para que encontraran una solución.
La entrada en vigor el 1 de enero de una nueva regulación sobre las liquidaciones bancarias -que extiende la responsabilidad en casos de quiebra a los titulares de depósitos de más de 100.000 euros- y el temor a que la CE considerara ilegal la inyección de fondos públicos dada a Banif en 2013 influyeron en la decisión tomada por el Ejecutivo y el supervisor luso.
La fuga de depósitos de la semana pasada y los problemas de liquidez de la entidad llevaron a las autoridades a optar por su liquidación inmediata.
El Ejecutivo defiende que ésta es la mejor solución, dadas las circunstancias, pese a reconocer que la medida adoptada tiene costes "muy elevados" para los contribuyentes.