París, 4 jun (.).- Los casos de ecopostureo ("greenwashing") detectados en el sector financiero europeo aumentaron un 13 % en 2023 respecto a 2022, después de haberse quintuplicado en los cuatro años anteriores, según las Autoridades Europeas de Supervisión (ESA).
En un informe publicado este martes, que es continuación del que ya presentaron hace un año a petición de la Comisión Europea, las ESA indican que en 2023 las empresas del sector financiero representaron un 21 % de los casos constatados de lavado de imagen verde, y dentro de ellas los bancos un 8 %.
Ese peso relativo es ligeramente inferior al de 2022, cuando el sector financiero supuso un 23 % y los bancos un 9 %.
Las ESA -la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)- destacan que el ecopostureo es un fenómeno creciente.
Esa tendencia se explica porque hay más vigilancia por parte de los organismos de supervisión y más sensibilidad sobre este problema, pero también porque hay más demanda para productos presentados como sostenibles y más comunicación, con riesgo de derivas y abusos.
El fenómeno consiste en la utilización de afirmaciones, declaraciones, acciones o comunicaciones sobre la sostenibilidad de una entidad, un producto o un servicio financiero que no reflejan de forma clara y precisa su verdadero perfil o sus características; y eso puede inducir a error o a engaño a consumidores, inversores u otros actores del mercado.
Globalmente, en 2023 se reportaron 2.119 presuntos casos, lo que supone un incremento del 21,2 % respecto al año anterior y 7,3 veces más que en 2012.
La subida fue del 26,1 % en la Unión Europea y del 6 % en otros países del Viejo Continente; mientras en Norteamérica se produjo un recorte del 6,8 % y en el resto del mundo hubo un salto del 51,7 %.
El ecopostureo afecta a todos los sectores, pero se concentra principalmente en seis actividades: el petróleo, el gas y las materias primas; la minería; la construcción industrial; la alimentación y las bebidas; los bienes del hogar; y el sector financiero.
Este último supuso el pasado año un 16 % de las alegaciones sobre lavado de imagen verde en todo el mundo (el mismo porcentaje que en 2022), y dentro de ese paquete los servicios financieros fueron un 12 %, los bancos un 3 % y los seguros un 1 %.
Las EBA consideran que el marco regulador actual ya proporciona fundamentos para hacer frente al "greenwashing" en el sector bancario y que la prioridad debe ser poner en marcha las iniciativas existentes y previstas, así como una aplicación plena de toda la reglamentación.
El órgano de supervisión bancario recomienda a las entidades que adopten medidas para que sus declaraciones de sostenibilidad "sean precisas, estén fundamentadas y actualizadas y representen de forma fiel el perfil global"; además de presentarlas "de manera comprensible".
En paralelo, pide a las autoridades competentes que prosigan su acción para identificar y vigilar comportamientos de lavado de imagen verde.