Quito, 6 ago (EFE).- Una comisión de la Asamblea Nacional de
Ecuador inició esta semana el estudio de reformas a la polémica Ley
de Hidrocarburos, que entró en vigor el mes pasado por "decreto ley"
al haber superado el Legislativo el plazo para su pronunciamiento.
Así lo señaló hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando
Cordero, al apuntar que el pasado miércoles se calificaron para
estudio "dos propuestas de ley reformatoria", una entregada por el
movimiento oficialista Alianza País y otra que tiene respaldo de
asambleístas de la oposición.
El asunto está en manos de la Comisión de Régimen Económico y
Tributario de la Asamblea que estudiaba el mes pasado las polémicas
reformas enviadas por el Ejecutivo, que entraron en vigor el 26 de
julio último y que, entre otras cosas, permite la nacionalización de
los campos petroleros si se incumple la ley.
En una reunión con la prensa extranjera, Cordero señaló que en un
máximo de 45 días se podría dar el primer debate, aunque se mostró
confiado en la posibilidad de tiempos más cortos.
"La idea sería ganar tiempo para que cualquier correctivo se haga
antes de que caiga el plazo del decreto ley para que terminen los
procesos de renegociación con las empresas", comentó en referencia
al cambio que busca el Gobierno de los contratos de participación de
las petroleras privadas por otros de prestación de servicios.
Según las nuevas reformas legales, existe un plazo de 120 días
para el proceso de negociación de los contratos de participación y
de 180 días para los contratos de los casos marginales y alianzas
estratégicas, a correr desde la publicación en el Registro Oficial.
Cordero calculó que a fines de octubre podría estar terminada la
ley en la Asamblea e incluso más rápido "dependiendo de cómo estén
los acuerdos entre las diferentes fuerzas legislativas" y añadió que
las reformas deben volver al Ejecutivo para que las vete total o
parcialmente o las apruebe.
Aunque no detalló el tipo de reformas que se analizan, señaló que
está en debate el asunto de la "utilidad razonable" que deben tener
las empresas, así como la distribución de las utilidades a los
trabajadores.
A principios de mes, el ministro ecuatoriano de Recursos
Naturales No Renovables, Wilson Pastor, señaló que prepara ya un
plan de toma de operaciones en caso de que alguna compañía petrolera
privada no concrete la negociación para el cambio de contrato de
participación por el de prestación de servicios.
El funcionario apuntó que se trata de una "negociación compleja"
para el cambio de modelo de contratos.
"Yo no garantizo nada como resultado de que se queden todas las
compañías o que se vayan todas. Vamos a ver en el terreno de la
negociación y con los parámetros nuestros quiénes se quieren quedar
y quiénes no quieren quedarse", indicó entonces.
El ministro aseguró que "en ningún caso habrá confiscación ni
expropiación", sino que se les "pagará el justo precio", pues lo que
se busca es "que se queden en el país".
"Vamos a presentar condiciones razonables de rentabilidad, les
vamos a premiar a quienes van a invertir con riesgo y si eso no les
conviene, yo estoy preparando ya el plan de toma de operaciones por
parte de Petroamazonas y Petroecuador (empresas públicas) en el caso
de que alguna compañía no quiera asumir la negociación y llegar a un
feliz término", comentó.
Los días previos a la entrada en vigor de las reformas a la ley
de Hidrocarburos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, mencionó
su disposición de convocar una consulta popular o ir a la denominada
"muerte cruzada" (disolver el Parlamento y anticipar elecciones
presidenciales) si la oposición insistía en obstruir la aprobación
de leyes fundamentales para el desarrollo del país.
Cordero consideró hoy que "no se da en este momento las
condiciones extremas y no debería hacerse" en referencia a la muerte
cruzada que, a su criterio, provocaría "un caos en el país" pues
está en marcha un proceso de cambio "hacia una nueva
institucionalidad" de la nación. EFE