Madrid, 7 mar (.).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una nueva pieza separada, en la causa que investiga a los dos últimos equipos directivos del Banco Popular (MC:POP), sobre la financiación a clientes del banco en la ampliación de capital de 2016.
En un auto fechado este lunes, el magistrado mantiene durante un mes la pieza bajo secreto de sumario para evitar "interferencias" que pudieran "comprometer la investigación.
El magistrado se basa para abrir esta nueva pieza en el informe elaborado por los dos peritos judiciales cedidos por el Banco de España a la causa, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que avalaron el trabajo de la auditoría interna de la entidad respecto a la financiación concedida a los inversores para comprar acciones de la ampliación de capital de 2016.
Sin embargo, el juez destaca que del análisis de la información facilitada por el Banco Santander (MC:SAN) -que tras la resolución del Popular se hizo con la entidad al precio simbólico de un euro-, los expertos concluyeron que "existen clientes que suscribieron acciones por 702 millones de euros, y que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta".
En un informe de nueve páginas, los expertos validan el criterio del Popular, que en su momento identificó un importe de acciones suscritas financiadas de 571 millones de euros, por el que se dedujo 288 millones en recursos propios.
El documento calcula que 14.229 clientes recibieron financiación entre el 25 de mayo y el 30 de junio de 2016, todavía durante la presidencia de Ángel Ron, por un importe de 2.366 millones y suscribieron acciones por 702 millones.
Sin embargo, prosiguen los peritos, esta última cifra "no se puede tomar como el importe que el Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables y que no realizó hasta el análisis que dio lugar al Hecho Relevante de 3 de abril de 2017".
Ello alude a la comunicación remitida por el Popular, ya con Emilio Saracho al frente, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aquella primavera, en la que se anunció la reexpresión de las cuentas que hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas del ejercicio anterior.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
eyp-smv-