Estrasburgo (Francia), 15 sep (.).- La Eurocámara y la Comisión Europea (CE) abordarán la posible suspensión de fondos estructurales y de inversión a España por el incumplimiento del déficit en una audiencia pública con dos comisiones parlamentarias, que tendrá lugar en las próximas semanas.
La conferencia de presidentes, en la que se reúnen los líderes de los grupos del Parlamento Europeo (PE) y su presidente, Martin Schulz, decidió hoy el formato en el que tendrá lugar el "dialogo estructurado" entre ambas instituciones sobre el tema, antes de que la CE tome una decisión, explicaron a Efe fuentes parlamentarias.
Las fuentes explicaron que el diálogo será en las próximas semanas, aunque está por decidir si la última de septiembre o la primera de octubre.
La primera semana de octubre se reúne de nuevo el pleno de la Eurocámara y tiene lugar la próxima reunión de presidentes, en la que los líderes decidirán los siguientes pasos a seguir en el diálogo con la Comisión.
El PE ha invitado a la CE a una audiencia pública y en la que se reunirán conjuntamente las comisiones de Economía y Asuntos Monetarios y la de Desarrollo Regional, y en la que podrán participar además un miembro de las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural, Presupuesto, Empleo y Asuntos Sociales y Pesca.
El debate tendrá una duración prevista de dos horas y media, y a su término los coordinadores de las dos comisiones mantendrán una reunión a puerta cerrada, en la que decidirán si piden una reunión adicional con el Ejecutivo comunitario.
Se trata de un procedimiento que se pone en marcha por primera vez, ya que no existen precedentes de congelación de fondos estructurales a ningún país miembro.
La UE libró definitivamente a España de una multa por haber incumplido los objetivos de reducción del déficit, pero espera que avance en las negociaciones del techo de gasto y el presupuesto para 2017.
El déficit de España alcanzó en 2014 el 5,9 % del PIB y en 2015 el 5,1 %, si se incluye en ambos casos la ayuda financiera a la banca, frente al 5,8 % y el 4,2 %, respectivamente exigido, y así se alejó definitivamente de poder bajarlo al 2,8 % en 2016.
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