Barcelona, 30 nov (.).- Las autonomías ofrecen una información y transparencia "deficiente" sobre las políticas activas de empleo que despliegan, por lo que se requiere de una "profunda reforma de la gestión" de las mismas para poder evaluar adecuadamente su impacto.
Así lo han asegurado este martes tanto la directora de proyectos del Instituto Cerdà, Claudia Millán, como el presidente de Miquel y Costas (MC:MCM), Jordi Mercader, impulsor de este segundo Informe sobre las Políticas Activas de Empleo presentado en el Cercle d'Economia.
El estudio concluye que las comunidades autónomas "cuentan, en general, con información poco detallada, una transparencia deficiente y un bajo grado de automatización respecto a los países de referencia".
Según el informe, menos de la mitad de las comunidades autónomas han presentado una memoria de rendición de cuentas para el ejercicio de 2018, de forma que "en términos generales, existe un déficit de la información pública consolidada de las diferentes categorías de las políticas activas de empleo".
Asimismo, durante 2020, cuando se redactó el trabajo, todavía ninguna autonomía disponía de información pública sobre la inversión realizada.
Para llegar a la conclusión de que la gestión es deficitaria, los investigadores utilizan cuatro baremos: un diagnóstico de empleabilidad, la planificación de las inversiones, si el modelo se basa o no en datos y la actualización periódica del perfil de los demandantes.
En la primera fase es en la que las administraciones sobresalen más, alcanzando una puntuación de 8 sobre 8; en la planificación de inversiones se sitúan en un 6 sobre 8; el modelo basado en datos apenas llega al 2 sobre 8; y en la actualización de los perfiles el suspenso es rotundo, con un 0.
Del total de políticas activas de empleo, el 9 % se destina a políticas de orientación (de las siete que aportan esa información, Andalucía alcanza el 32 % del total -111 millones- y Comunidad Valenciana el 26 % -90 millones-, mientras que Castilla y León se queda en el 4 % -6 millones-).
Por contra, 9 autonomías precisan cuanto destinan a políticas de formación: destacan Murcia con un 55 % -41 millones-, Asturias un 46 % -41 millones-, Aragón un 42 % -43 millones- y Cataluña un 39 % -127 millones-.
A la presentación del estudio ha asistido el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, quien ha agradecido la realización de un trabajo "con perspectiva", que ha contrapuesto a "la twitterización de la política", con debates de duración diaria.
El conseller ha destacado los 917 millones de euros que prevé destinar su departamento a políticas activas de empleo este año, especialmente dirigidas a los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años.
Asimismo, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha dicho que "lo que no se mide empeora, mientras que lo que se mide puede mejorar", por lo que ha felicitado a los autores del estudio.
Ha mostrado también su ambición por contribuir a caminar hacia el pleno empleo para evitar un estallido social.