Madrid, 1 jun (.).- Los dos peritos propuestos por la acusación en nombre de la Sareb han puesto en duda que el organismo pueda recuperar "nada" del perjuicio ocasionado por presuntas operaciones irregulares entre Sa Nostra y el Grupo Martín Gual, objeto de juicio en la Audiencia Nacional.
Ante la sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han declarado este martes, a propuesta de la Sareb, que ejerce la acusación como perjudicada, Carlos Benavente Esteban y José Luis Tejedor Vázquez.
Ambos se han referido en concreto a operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por la sociedad instrumental Haras en Son Bordoy y Nueva Palmira en Son Morla y Son Morlanet, que habrían causado al banco malo español, que se hizo cargo de los activos tóxicos de la extinta caja de ahorros, un perjuicio de 59,2 y 39,5 millones de euros, respectivamente.
Los dos han coincidido en señalar que las cifras "son muy elevadas como para saber a estas alturas si se puede recuperar algo", si bien "el importe es tan grande que no se puede cuantificar"; es posible, han admitido, que se pueda recuperar una parte con los concursos de acreedores.
El técnico Carlos Benavente ha aclarado que la Sareb ha asimilado el perjuicio sufrido con la deuda que permanece impagada a fecha de hoy, deuda que "únicamente" se puede ver reducida si se puede cobrar algo en los concursos de Haras y Nueva Palmira.
José Luis Tejedor, por su parte, ha puesto de manifiesto el conflicto que existe entre el FROB y la Sareb, ya que en caso de reconocerse un crédito del FROB y este se integrara en el concurso de acreedores, ello aumentaría el pasivo y de ese modo "la Sareb cobraría aún menos".
Además de las operaciones de Haras y nueva Palmira, la Sareb se vio también afectada por dos operaciones de otra de las sociedades instrumentales que figuran en la causa, Netmobilia, en Manises y Peguerí (39,3 millones de euros) y Móncofar (11,07 millones).
Al respecto, los peritos han explicado que han estimado el perjuicio comparando lo que sería el valor de mercado que esas fincas tienen hoy en día con lo que se pagó por ellos, y han cuantificado el deterioro en 5 millones de euros.
El juicio que se desarrolla en la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional trata de la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico que oscila entre 48 y 50 millones de euros, detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.
Según afirma la Fiscalía Anticorrupción, los órganos de la caja mostraron desde 2005 y "con incremento de la actividad entre 2008 y 2010", un control "deficiente" en un contexto de "mala situación financiera y sin garantías de la financiación concedida, a precios desproporcionados para el tipo de suelo adquirido y sin valoración externa en la compra de participaciones sociales".
La fiscal remite al informe elaborado por el Banco de España, que evidencia que algunas operaciones se hicieron sin "certeza de la solvencia del deudor" ni seguimiento del riesgo, lo que permitió que las sociedades vinculadas al grupo "no pudieran cumplir con sus compromisos de pago".