Roma, 8 dic (.).- El segundo mayor sindicato de Italia, CISL, dijo hoy que se manifestará el sábado 18 para pedir mejoras en los presupuestos generales de 2022, que tienen que ser aprobados en el Parlamento antes de final de año, pero no irá a la huelga general convocada para el 16 por los sindicatos CGIL, el mayor del país, y UIL, de menor representación.
CISL se ha desmarcado de esta huelga general para todos los sectores, excepto el sanitario por la pandemia, convocada por CGIL y UIL en protesta por unos presupuestos que consideran que no benefician a las clases trabajadoras, a los jubilados y a las rentas más bajas, especialmente en materia de fiscalidad y pensiones.
Por el contrario, CISL ha opinado que no es momento de paros generales, pues el país intenta recuperar el crecimiento económico tras el impacto del coronavirus, y ha elegido realizar una concentración, que tendrá lugar en la plaza de Santi Apostoli de Roma y cuya meta será "mejorar los contenidos de los presupuestos y animar al Gobierno a asumir una serie de prioridades económicas y sociales, sin incendiar las relaciones sociales e industriales".
El secretario general de CGIL, Maurizio Landini, dijo este miércoles que los presupuestos son "socialmente injustos" y que el primer ministro, Mario Draghi, "intentó poner de su parte" al plantear la congelación de la bajada de impuestos para las rentas de más de 75.000 euros brutos anuales durante dos años, o al menos para 2022, pero se topó con la oposición, especialmente de los partidos de la derecha, que "piensan más en sus propias banderas electorales que en los intereses de Italia".
El secretario de UIL, Pierpaolo Bombardieri, también justificó la huelga porque "hay mucha gente que está sufriendo" y "hay que atender a los que se están quedando atrás".
Los dos sindicatos se han quejado en los últimos días de que el Ejecutivo toma decisiones en la coalición, sin diálogo con los agentes sociales.
Las cuestiones que más les dividen son sobre todo dos: impuestos y pensiones. En cuanto a la primera, Roma apuesta por una reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en cuatro tramos -que beneficiará sobre todo a las rentas medias y altas, y en menor medida a las bajas- y del gravamen regional sobre las actividades productivas (IRAP), que tendrá ventajas para empresas y autónomos, en ambos casos por un valor total de 8.000 millones de euros.
En cuanto a las pensiones, este año termina el llamado sistema "cuota 100", que permite la jubilación a quienes cumplidos 62 años hayan cotizado al menos 38, y para el 2022 Draghi y sus ministros han establecido la "cuota 102" (64 años de edad y 38 de contribución) y han invitado a los agentes sociales a negociar un mecanismo que aplicar para 2023 en adelante.
CGIL ha pedido que se los convoque de inmediato para comenzar a estudiar una reforma estructural de las pensiones y que el alivio fiscal beneficie solo a trabajadores de clase baja y media, y a pensionistas, y no a empresarios y rentas más pudientes.