MADRID (Reuters) - La legislación concursal necesita ser perfeccionada para acabar con las disfunciones de un sistema con múltiples contradicciones que trata a empresas grandes y pequeñas de manera diferente, denunció hoy la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC).
Su presidente, Luis Martín, y su vicepresidente, Diego Comendador, criticaron en un encuentro con la prensa que las repetidas modificaciones de la ley concursal (22 veces en los últimos siete años) no han servido para facilitar el trabajo de administradores concursales, que sigue sufriendo carencias en medios materiales y humanos.
Al calor de la crisis económica y afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, a principios de 2008 se empezó a disparar la cifra de concursos de acreedores. El número de concursos pasó de 202 en el primer trimestre de 2005 a 616 en el segundo trimestre de 2008 y hasta tocar un máximo de 2.709 en el primer trimestre de 2013, según datos del INE.
Desde ASPAC explican que en España los cambios legislativos se han realizado pensando en las grandes empresas y en evitar "acciones de reintegración" -- consistentes en retrotraer decisiones tomadas por los gestores antes del concurso -- que pudieran afectar negativamente al sistema financiero.
Sin embargo, la gran mayoría de los concursos son de empresas pequeñas. Según ASPAC, en 2015 el 71 por ciento de los concursos tuvieron un activo inferior a los dos millones de euros.
"El sistema financiero español ha sido el principal operador en los procedimientos concursales, decidiendo así qué compañías iban a ser rescatadas y en qué momento", indicó la asociación profesional.
"Los ciudadanos españoles han sido castigados con un incremento de sus impuestos para preservar así los ahorros y las inversiones".
Martín cree que esto responde a la decisión del Gobierno de prevenir la caída de las instituciones financieras. " Bankia (MC:BKIA) tendría que haber concursado", declaró a Reuters.
Sin embargo, el presidente de la organización reconoció en los casos en que se trata de una decisión puramente gubernamental, es difícil que la ley pueda impedirlo.
El presidente de ASPAC está a la espera de que se constituya el Ejecutivo para empezar a trabajar con los responsables de las modificaciones que considera necesarias, especialmente a nivel técnico.
"Una vez que ha pasado la crisis, esto pasará a segundo plano y es necesario empujar para que se remate lo que falta por legislar".
(Información de Enrique Anarte, editado por Andrés González)