Mateo Sancho Cardiel
Nueva York, 25 jul (EFE).- La mediación para lograr un acuerdo entre el Gobierno argentino y los fondos de inversión que le reclaman el pago de la deuda en mora desde 2001 se encuentra en un "punto muerto" a falta de cinco días para la fecha límite.
Tras una reunión con los representantes de Argentina, que se niegan a reunirse directamente con los de los fondos, el mediador Daniel Pollack, nombrado por el juez del caso, Thomas Griesa, informó hoy de que "no se ha alcanzado solución al punto muerto".
La delegación argentina partirá esta noche hacia Buenos Aires para recibir nuevas instrucciones.
Pollack espera que haya oportunidad de sostener nuevas reuniones en busca de un acuerdo que evite que Argentina caiga en un cese de pagos técnico después del 30 de julio, cuando vence el plazo para que cobren los tenedores de bonos argentinos reestructurados.
La parte argentina emitió también un comunicado en el que explicó que en la reunión "se profundizó sobre los diferentes aspectos del litigio y las diversas alternativas que se presentan" y reiteró "su vocación de avanzar hacia una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100 % de los bonistas".
El problema de fondo que se trata en este juicio es que hay dos tipos de acreedores de Argentina después del millonario cese de pagos de 2001: unos que poseen deuda reestructurada (con descuento sobre el valor inicial) que han venido cobrando y otros, como los fondos demandantes, que tienen deuda no reestructurada, en mora desde 2001.
El comunicado oficial del Gobierno de Argentina asegura que "el proceso de diálogo entablado con el mediador continuará en los próximos días" y Pollack también dio por seguro que "habrá más comunicación con las partes" antes del 30 de julio.
Ese día vencen los 30 días de gracia de los que Argentina dispuso para hacer un pago parcial a los tenedores de bonos de deuda reestructurada.
Argentina defiende que el cese de pagos no es una terminología correcta, pues el país cumplió con su parte al efectuar un pago de 1.031 millones de dólares y que si buena parte de ese dinero no ha llegado a los bonistas es porque fue congelado en los bancos por recomendación del juez Griesa.
El magistrado falló a favor de los querellantes e impuso a Argentina un pago de 1.500 millones de dólares en bonos de deuda bajo la cláusula "pari passu", que estipula que el pago debe ser simultáneo para los dos tipos de acreedores o, en su defecto, se debe dar prioridad a los demandantes.
Es por eso que frenó el pago y habló de "desacato" en el caso en el que el dinero llegara a los tenedores de deuda reestructurada.
Los representantes de los querellantes no estuvieron presentes hoy en el despacho de Pollack, pero el mediador les hizo un resumen telefónico al acabar el encuentro con la delegación argentina.
"Me reiteraron su disponibilidad y deseo de reunirse conmigo y también con los representantes de la República (Argentina) en algún momento", dijo el mediador.
Así, la negociación sigue estancada, pues Argentina reitera la petición de la medida cautelar que permitiría a los acreedores de deuda reestructurada recibir el dinero sin tener por ello que pagar simultáneamente a los llamados "fondos buitre" ni entrar en conflicto con la cláusula RUFO (derechos sobre oferta futura, en sus siglas en inglés).
Esta cláusula legitima a todos los bonistas que aceptaron las quitas para reclamar también el cobro de la deuda íntegra si los acreedores que no se acogieron al canje son pagados antes del 1 de enero de 2015, lo que ascendería la deuda a la cantidad impagable de aproximadamente 120.000 millones de dólares.
Además, la evolución de este caso con NML Management y Aurelius Capital Management como principales litigantes, ha hecho que otros fondos especulativos hayan pedido a Griesa ser incluidos en el litigio, y hoy la prensa argentina aseguró que podría haber una demanda adicional de 700 millones de dólares en contra de Argentina en la mesa del juez Griesa.