San Juan, 11 may (EFE).- Ambac, una de las principales aseguradoras de Estados Unidos, presentó una demanda ante el Tribunal federal de San Juan contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico, entidad que extendió por 10 años su contrato con la filial de Abertis (MC:ABE) en la isla, Metropistas.
La aseguradora informó hoy a través de un comunicado de que la demanda sigue a la extensión por 10 años del plazo de la concesión a Metropistas de las autopistas PR-5 y PR-22, hasta el 2061, a cambio de 115 millones de dólares y un nuevo reparto de ingresos futuros.
Ambac justifica la demanda por entender que los 115 millones de dólares del nuevo contrato se desviaron por parte del Ejecutivo local desde la estatal ACT para ser utilizados para atender los graves problemas de liquidez por los que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, iniciativa posible gracias a la Ley de Moratoria que le permite detener el pago de las obligaciones derivadas de la deuda.
Ambac denuncia en la demanda que esos 115 que necesitaba la ATC para pagar los vencimientos de deuda a sus acreedores fueron desviados por el Gobierno para manejarlos a su antojo.
La aseguradora, que es la responsable de responder ante sus clientes en caso de impago, pide además que el juez federal que asuma el caso nombre un administrador interino que se haga cargo de la gestión de la ACT.
Además, se recuerda en la demanda, la modificación del contrato que permitió reducir el porcentaje de ingresos compartidos por el sistema de peaje desde el 50 % actual hasta otro por el que la corporación estatal obtendrá el 25 %, modificaciones que a juicio de Ambac perjudican a la ACT y así a sus acreedores.
El texto de la demanda señala también que la ACT desaprovechó la posibilidad de obtener hasta 750 millones de dólares en créditos federales al no presentar a tiempo sus estados financieros, tal y como establece la normativa para beneficiarse de esas ayudas.
El presidente de Ambac, Nader Tavakoli, señaló sobre la demanda presentada que es necesario que se nombre un administrador interino para la ACT que esté al margen de conflictos de intereses que favorezca que no salgan perjudicados los intereses de los acreedores de la corporación.
La filial de Abertis en Puerto Rico, Metropistas, anunció el pasado 21 de abril desde su sede en Barcelona el acuerdo para la modificación del contrato de concesión de las autopistas PR-5 y PR-22.
La concesionaria se comprometió a hacer un pago inicial de 100 millones de dólares y un segundo desembolso, de 15 millones, una vez se haya completado la implementación del nuevo sistema de pago o, como muy tarde, el 30 de junio de 2017.
La ACT se comprometía por su parte a reducir su porcentaje de ingresos compartidos por el sistema de peaje dinámico instalado en la autopista PR-22, desde el 50 % actual hasta el 25 %, además de ampliar la concesión de las dos autopistas hasta 2061.
El acuerdo generó polémica en la isla y el presidente de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas (APP) de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jesús Santa Rodríguez, advirtió el pasado 27 de febrero de que debía revisarse la extensión del contrato.
El legislador cuestionó el hecho de que no se diera conocimiento alguno a las cámaras legislativas ni a la Comisión que él preside sobre estas negociaciones ni de la firma del contrato.
Paralelo a la demanda presentada por Ambac, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, negocia durante esta semana en Estados Unidos con parte de los acreedores para impulsar la reestructuración de la deuda de la isla, que supera los 70.000 millones de dólares.