Madrid, 5 ago (.).- El Gobierno en funciones ha aprobado hoy la convocatoria de subvenciones a planes de formación 2016-2017 para trabajadores ocupados, por valor de 250 millones de euros, sin los agentes sociales en el órgano técnico que evalúa las ofertas, ya que según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "serían juez y parte".
"Cuando una persona participa en un premio literario lo normal es que no esté en el jurado", ha dicho Báñez tras el consejo de ministros en el que se ha aprobado esta convocatoria de subvenciones de formación profesional para el empleo dirigida a trabajadores ocupados.
Esta "exclusión", que ya se conocía, ha provocado las protestas de la CEOE y de CCOO y UGT en los últimos días, ya que consideran que no existe ningún impedimento legal para que las organizaciones sindicales y empresariales estén en el órgano que informa de las subvenciones de formación.
Preguntada por estas críticas, que comenzaron tras una reunión de la antigua Fundación Tripartita el pasado viernes 29, en la que conocieron su exclusión del órgano de control de las ayudas, Báñez ha resaltado que el papel de las organizaciones seguirá siendo "crucial".
"El papel de los interlocutores sociales seguirá siendo crucial en la formación, porque son los que mejor conocen las necesidades del día a día", ha afirmado, y de hecho "van a estar en los órganos más importantes de diseño del sistema".
Sin embargo, como también establece la nueva ley formación, y recomendó un informe del Tribunal de Cuentas que puso duramente en cuestión el sistema de formación para el empleo, los agentes sociales no podrán estar en "la gestión concreta de fondos, porque serían juez y parte", ha dicho Báñez.
Ha recordado que estas organizaciones tienen también centros de formación que optarán a estas ayudas y por tanto, no deben estar el órgano que decide a quién se convocan, porque "no sería lógico" y podría vulnerar el principio de no discriminación y de objetividad de la ley de subvenciones.
Se trata de la primera convocatoria abierta en su totalidad a la libre concurrencia de centros y se incorporan al presupuesto 32 millones de euros no ejecutados en 2015.
Se considera prioritaria la formación en las áreas relacionadas con la digitalización y las tecnologías de la comunicación, la internacionalización de las empresas y el emprendimiento.
La convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 250 millones de euros, a ejecutar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y 2017.
Por primera vez, con el ánimo de hacer efectivo el carácter finalista de la contribución que empresas y trabajadores hacen para la formación en las cotizaciones a la Seguridad Social que consagra la nueva Ley que regula la formación profesional para el empleo, se incorporan a una convocatoria créditos no ejecutados del ejercicio anterior.
En concreto, 32 millones de euros no ejecutados del presupuesto de 2015.