Brasilia, 28 nov (.).- El Gobierno brasileño prevé un ahorro de 327.000 millones de reales (unos 52.000 millones de euros) hasta 2030 con el conjunto de medidas de recorte de gasto público anunciado la víspera, según confirmó este ueves.
Según los detalles del ajuste presentados por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, en una rueda de prensa, la reducción de gastos permitirá un ahorro inicial de 30.000 millones de reales (5.020 millones de dólares) en 2025 y de 41.000 millones de reales (6.870 millones de dólares) en 2026.
Ese valor seguirá creciendo progresivamente hasta 79.000 millones de reales (13.230 millones de dólares) en 2030.
El ajuste busca reducir a cero el déficit fiscal del país a partir de 2025, una meta con la que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se había comprometido para 2023 y que fue aplazando indefinidamente.
Haddad aclaró que el objetivo de las medidas es garantizar el cumplimiento del marco fiscal aprobado por el Gobierno en 2023 y que no venía siendo respetado debido a los cada vez más elevados gastos públicos.
El mercado venía presionando el ajuste desde hacía varias semanas debido al cada vez más elevado desequilibrio de las cuentas públicas del país, cuyo déficit fiscal se acerca al 10 % del PIB y cuya deuda pública, se prevé, superará el equivalente al 81 % del PIB el próximo año.
El ministro aclaró que, pese a que fueron anunciados en el mismo pronunciamiento, los recortes de gastos no están relacionados con la reforma al impuesto de renta con la que el Gobierno pretende doblar el número de contribuyentes de menor renta exentos del tributo y elevar el gravamen de los más ricos.
La ampliación de las exenciones fiscales sorprendió al mercado, que desde hacía varias semanas esperaba el anuncio del ajuste fiscal, generó turbulencias en la bolsa y apreció el dólar hasta su mayor nivel histórico.
El ministro dijo igualmente que las medidas de ajuste buscan principalmente frenar el ritmo de crecimiento anual de algunos gastos obligatorios del Estado, que suben a un nivel superior que la recaudación.
La principal medida es la que limita el ajuste anual del salario mínimo, que es utilizado como referencia para el pago de pensiones y jubilaciones y cuyo aumento real (por encima de la inflación) dispara anualmente los gastos del Gobierno con seguridad social.
El Gobierno también limitará los gastos con algunos subsidios sociales para que beneficien a los más pobres, entre los cuales el salario adicional que concede a quienes ganan hasta dos salarios mínimos.
"Todos los beneficiarios de programas sociales tendrán que volver a inscribirse y a dejar registrada su biometría para que podamos garantizar que las ayudas lleguen realmente a los que las necesitan porque descubrimos muchos beneficiarios sin ese perfil", dijo.
Haddad también detalló una medida que limita los recursos que son concedidos a los parlamentarios para financiar proyectos sociales en sus colegios electorales y una amplia reforma al sistema de pensiones de los militares, que impone una edad mínima de jubilación y limita algunos de los beneficios extraordinarios que reciben.
Igualmente dijo que debatirá con el Congreso una ley que garantice que se limiten los "supersalarios" recibidos por algunos empleados públicos.
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