Madrid, 25 oct (.).- El portavoz de Fiscalidad del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Francisco de la Torre, confía en que el acuerdo económico entre el PP y su partido "se haga efectivo" pronto tras la previsible investidura de Mariano Rajoy esta semana y se recupere así el dinero no aflorado en la amnistía fiscal de 2012.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, De la Torre, ha recordado que el Ejecutivo en funciones del PP se comprometió a poner en marcha un documento de 150 puntos y que, entre las medidas económicas, urge recuperar el dinero de los acogidos a la amnistía fiscal y que sólo pagaron el 3 % del patrimonio que afloraron.
En este sentido, ha reiterado que es un tema "que preocupa enormemente", puesto que la Agencia Tributaria debe investigar a estas personas antes del 30 de noviembre para que no prescriban las posibles responsabilidades fiscales.
El pleno del Congreso aprobó el 23 de septiembre, con el apoyo del PP, que un nuevo Gobierno instara a la Agencia Tributaria a que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10 % establecido en aquella regularización extraordinaria.
De la Torre también ha recordado que otro de los puntos pactados con el PP se refiere a dotar la Agencia Tributaria (AEAT) de más medios materiales y humanos con el fin de que centre su lucha en el fraude más sofisticado y no tanto en el particular.
Ha recordado que la cuota media de liquidación por delitos fiscales ha disminuido, "y no porque haya menos fraude", por lo que ha asegurado que "Hacienda se centra en el pequeño fraude" y ha pedido urgentemente que se abonen los 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales penales.
El diputado de Ciudadanos ha pedido al próximo Gobierno que refuerce el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPLAC) y endurezca las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes, así como que se estudie hacer públicas las infracciones muy graves.
Ha insistido en que el documento firmado entre el PP y Ciudadanos de apoyo a la primera investidura incluía introducir en la lista de paraísos fiscales de España los territorios que no cooperan con la Administración.