Madrid, 19 sep (.).- La política tributaria canadiense, con una agencia estatal en la que participan las distintas administraciones, es el modelo por el que aboga el doctor en Economía Jorge Onrubia en un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), para conseguir un modelo más eficiente y corresponsable.
"Por su viabilidad y dada la situación de partida, inicialmente consideramos recomendable la opción de integración basada en la redefinición de los actuales órganos de gobierno de la Agencia Tributaria y de las CCAA, aproximándolos a una figura similar al consejo directivo de la agencia estatal canadiense", señala en el artículo.
El autor sitúa como base la gestión compartida de los principales impuestos, como el IRPF, el IVA o Impuestos Especiales, y por ello, aboga por una participación más efectiva y regular de las comunidades autónomas en la política tributaria.
Sería un proceso de conversión escalonado, pero transparente, de forma que el citado consejo directivo asumiera, por ejemplo, la aprobación de los planes estratégicos de la agencia tributaria y de las comunidades "en lo concerniente a los impuestos compartidos".
Y así, por razones de operatividad, "podría establecerse un comité ejecutivo" dentro de ese órgano de dirección en el que estarían representadas, por turnos rotatorios de dos años, la mitad de las comunidades, indica el autor antes de puntualizar que ese "reparto de poder requerirá un consenso político previo" a la definición de un estatuto de funcionamiento.
Este nuevo órgano coordinaría, por tanto, la gestión de los impuestos de naturaleza patrimonial cedidos por el Estado, y velaría por "mantener la consistencia global de los cambios legislativos que se propongan".
Pero el autor advierte de que "un modelo como el propuesto no es alcanzable con la simple aprobación de normas legales", por lo que necesitaría antes el compromiso de participación conjunta de la administración general y de las administraciones autonómicas. Es decir, un acuerdo político.
"Debe tenerse en cuenta que las CCAA únicamente se implicarán si se consideran partícipes reales de la política de gestión de los tributos que las financian", sostiene Onrubia en el estudio de Fedea.
Asimismo, en cuanto a las comunidades de régimen foral, el profesor aboga por incluirlas en el modelo, pero "haciendo compatibles sus competencias exclusivas de gestión, de base constitucional, con las ganancias de eficiencia derivadas del aprovechamiento de las economías de escala y de los intercambios de información".
Habría una evaluación "sistemática, periódica y rigurosa" de los resultados de administración tributaria, así como una difusión de los mismos con la máxima transparencia.
Onrubia, por último, concreta que la forma jurídica "más adecuada" para este nuevo modelo sería el consorcio, debido a la "gran flexibilidad" que ofrece para acoplar la estructura y funcionamiento del modelo con las exigencias jurídico-administrativas.
Los gobiernos implicados, en definitiva, deben acreditar una voluntad de colaboración "leal y participativa", concluye el experto.