Madrid, 18 mar (.).- El Congreso negocia que la nueva ley que regulará la información no financiera que deben dar las grandes empresas sobre aspectos sociales, medioambientales o laborales afecte a sociedades anónimas de 250 empleados, frente a los 500 trabajadores que estipula el real decreto.
La ley, que modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, ha recibido 109 enmiendas en su trámite en la Comisión de Economía y la mayoría de los grupos parlamentarios piden mejorarla para que sea más transparente.
Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Pódem-En Marea y ERC coinciden en que cuántas más empresas rindan cuentas y den a conocer su información no financiera, mejor.
Actualmente la nueva norma afectaría a sociedades anónimas cotizadas con un activo superior a 20 millones o con una cifra de negocios superior a los 40 millones.
La portavoz del PSOE en esta ponencia, Patricia Blanquer, incide en que este tipo de información no sólo interesa desde el punto de vista de la transparencia sino que es importante para los consumidores e inversores.
En declaraciones a EFE señala que para el PSOE es primordial la información relativa al marco laboral de las grandes empresas, para conocer su nivel de temporalidad, sus planes de igualdad salarial o el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En este sentido ha puntualizado que pedirán que este tipo de información sea publicado en las páginas de internet de cada sociedad.
El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Economía, Segundo González, ha asegurado a EFE que también es esencial no eximir a filiales de grandes sociedades de su obligación de ofrecer información no financiera y pide evitar las "cláusulas" que puedan aparecer en esta ley al respecto.
En este sentido, el PNV quiere que sólo en casos excepcionales las grandes empresas puedan omitir información, por ejemplo cuando se trate de cuestiones que están siendo objeto de negociación y su divulgación pueda perjudicar gravemente a la posición comercial del grupo.
Otra de las enmiendas de Unidos Podemos solicita que también queden comprendidas dentro de esta obligación aquellas empresas que durante el ejercicio hayan recibido ayudas por parte de cualquier ente de la Administración Pública española por encima de los 100.000 euros.
Ciudadanos ha añadido una propuesta para que en las empresas en las que al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales proceden de la contratación con el sector público, identifiquen el importe de esta contratación y detallen su situación respecto a las consideraciones sociales y ambientales que también se citan en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Por su parte, el PP ha introducido 5 enmiendas dirigidas a impulsar la información sobre los planes de igualdad de trato en las grandes empresas, sobre la función que debe tener la CNMV y sobre la distribución de dividendos.
El grupo popular insta además a regular la prohibición de los recargos cuando se trata de sistemas tripartitos, para que afecten a tarjetas como American Express (NYSE:AXP), Dinner's Club o JCB y dice que redundaría en beneficio de los consumidores, que podrán elegir libremente el instrumento de pago que utilizan, sin verse condicionados por los posibles recargos que pudiera imponer el comerciante.
El PDeCAT señala que las grandes empresas deberían tener mecanismos de reclamación eficaces a disposición de las personas o comunidades que sufran las consecuencias negativas de sus actividades.