Madrid, 19 oct (.).- El Congreso convalidará mañana con la ayuda de Ciudadanos y el PSOE el decreto ley que aumenta los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, el día en que acaba el plazo para hacer el primer pago al que se aplica esta reforma, que debe ser ingresado en los veinte primeros días de octubre.
Al tratarse de un decreto ley, la medida entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE el pasado 30 de septiembre, con lo que ya se ha aplicado al pago fraccionado de octubre, con el que Hacienda calcula que recaudará 5.800 millones de euros adicionales.
Los 2.500 millones restantes se ingresarán previsiblemente en el pago de diciembre, ya que el impuesto de sociedades se abona en tres pagos al año: abril, octubre y diciembre.
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, defenderá ante el pleno esta medida que en total ingresará 8.300 millones adicionales este año con los que el Gobierno en funciones confía en lograr el objetivo de déficit comprometido en el 4,6 % del PIB.
La reforma, que tendrá una vigencia indefinida, implica que las 9.000 empresas que facturan más de 10 millones deben adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23 % de su resultado contable en abril, octubre y diciembre.
El pago mínimo será del 25 % del resultado contable para las entidades de crédito y las empresas dedicadas a la exploración de yacimientos de hidrocarburos, que son las que cuentan con un tipo de gravamen incrementado del 30 %, frente al tipo general de Sociedades del 25 % establecido con la reforma fiscal.
Además de fijar el pago fraccionado mínimo, el decreto ley modifica también el cálculo del pago, de forma que se aplicará el 24 % de la base imponible en lugar del 17 % actual.
El trámite parlamentario del decreto ley no permite hacer cambios, por lo que se va a aprovechar la votación también mañana de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir una enmienda que suavizará el aumento de los pagos fraccionados de Sociedades en Canarias, Ceuta y Melilla.
La modificación, suscrita por PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria, respeta las peculiaridades económicas y fiscales de estos territorios y permite las empresas residentes pueden seguir beneficiándose de sus regímenes especiales.