San Juan, 28 abr (EFE).- Organizaciones de diversos sectores de Puerto Rico marcharán el próximo domingo por el Viejo San Juan en rechazo de la propuesta del Congreso de EE.UU. de imponer una junta de control fiscal que supervise la gestión del Gobierno local para superar la crisis económica.
Bajo la consigna "No a la Junta de Control Fiscal", grupos sindicales, obreros, ambientalistas, políticos y religiosos, entre otros, se manifestarán el 1 de mayo desde el Capitolio, sede del Legislativo local, pasarán por La Fortaleza, sede del Ejecutivo, y concluirán en la popular Plaza de la Barandilla del Viejo San Juan.
El acto, que coincidirá con la celebración del Día Internacional del Trabajador, tendrá la intención de "demostrar al Gobierno de Estados Unidos que el pueblo puertorriqueño rechaza la propuesta junta de control fiscal", según indicaron hoy los organizadores en un comunicado.
En opinión de las organizaciones participantes, "el Gobierno federal debe asumir responsabilidad por los problemas económicos" de la isla y "propiciar una salida digna para atender las necesidades del pueblo y resolver el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación de su futuro político".
Los organizadores argumentan que la junta propondrá despedir a 29.596 empleados públicos y 18.327 trabajadores en el sector privado, afectando así a los servicios de salud y de educación pública, a los pensionistas y a los pequeños y medianos comerciantes.
"La precaria situación se agravará por los ajustes fiscales que durante años la junta intentará imponer en beneficio del pago a bonistas e inversionistas", enfatizaron las agrupaciones.
La junta de supervisión fiscal es un requisito que la mayoría republicana en el Congreso estadounidense quiere imponer como condición para aprobar normativa que incluya herramientas para atender la reestructuración de la deuda de la isla.
Tras una década en recesión, Puerto Rico acumula una deuda de 72.000 millones de dólares que dice no poder pagar si quiere seguir prestando los servicios públicos básicos, por lo que ha pedido a Washington que le permita acogerse a la ley federal que regula los procesos de quiebra.
El Congreso cree sin embargo que, aunque se reestructure la deuda, lo que necesita la isla es someterse a la supervisión de una junta federal de control fiscal que vele por la recta gestión de las finanzas públicas.
La manifestación del domingo tendrá lugar un día antes de que venzan títulos de deuda por valor de unos 422 millones de dólares cuyo pago a los prestamistas oficialmente está garantizado por la Constitución puertorriqueña.
Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico ya ha adelantado que no tiene dinero para pagar esa cantidad, por lo que incurrirá en su primer impago de deuda garantizada, aunque el pasado agosto ya dejó de pagar algunas otras obligaciones menores.