Douglas Marín
San José, 9 ago (EFE).- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, enfrenta una de las decisiones más cruciales de su Gobierno: impulsar una reforma tributaria en medio de un contexto económico poco alentador y con una creciente polarización entre el sector privado y el público.
El déficit fiscal de 5,4 % del producto interno bruto (PIB) en 2014, con proyección de llegar al 5,9 % en 2015 y superar el 6 % en 2016, hacen urgente una reforma tributaria que al menos reduzca el agujero.
Solís enviará al Congreso en los próximos días dos proyectos: uno para reformar el impuesto de la renta y otro para transformar el de ventas del 13 % en uno de valor agregado que de manera escalonada alcance el 15 % a tres años de entrar en vigencia.
Estos se unen a otros seis que ya están en la corriente legislativa que buscan combatir el fraude, el contrabando, reducir las pensiones más elevadas y otros, para racionalizar algunos gastos del Estado.
"El país no aguanta un año más sin nuevos impuestos", ha advertido Solís en repetidas ocasiones, una afirmación que apoya el expresidente Óscar Arias, una de las principales figuras políticas de Costa Rica.
El exmandatario reconoció en una reunión con Solís el pasado jueves la necesidad de la reforma tributaria, pero se mostró escéptico de que el momento político sea el adecuado para lograr su aprobación en el Congreso.
Solís piensa que se ha ganado la credibilidad para pedir más impuestos porque, a su juicio, ha hecho lo suficiente para reducir el gasto en los 14 meses que lleva de Gobierno con iniciativas como no ampliar la nómina estatal, reducir pensiones "de lujo" y presentar proyectos fiscales al Congreso.
Sin embargo, los planes para incrementar la carga tributaria, que en la actualidad es cercana a un 13 %, enfrentan el rechazo del sector empresarial y de grupos políticos de oposición que exigen al Gobierno acciones contundentes para reducir el gasto público antes de impulsar más impuestos.
Estos grupos señalan el crecimiento de los salarios públicos como uno de los detonantes del déficit, por lo que promueven una Ley de Empleo Público que ordene en uno solo los diversos regímenes salariales del Estado.
También piden la reducción de pluses y beneficios salariales en el sector público como anualidades, pago de dedicación exclusiva y cláusulas de algunas convenciones colectivas que consideran "abusivas".
Esto ha hecho que en los últimos meses haya crecido la polarización entre el sector privado y los sindicatos.
Los sectores laborales acusan a los empresarios de montar una campaña de desprestigio contra los trabajadores del sector público en la búsqueda de imponer un modelo más neoliberal con una nómina estatal de menor tamaño.
Los sindicatos también han señalado que la evasión fiscal de las empresas debe ser atacada con fuerza antes de aprobar más impuestos que, a su juicio, afectarán más a la clase trabajadora.
En medio de las diferencias que encuentra el Gobierno de Solís, enfrenta además una coyuntura económica poco alentadora con la disminución de la previsión de crecimiento de 2015 de un 3,4 % a un 2,8 %.
Durante 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha mantenido negativo con un acumulado de -0,35 % en los primeros siete meses y el tipo de cambio ha estado estable, pero las exportaciones se mantiene estancadas.
Solís ha sido más afín a los sindicatos que a los empresarios, pero recientemente su relación con ambos no ha sido la mejor.
La fórmula de ajuste salarial que se aplica cada semestre se basa en la inflación, por lo que al no existir crecimiento en los precios el Gobierno ha aprobado en los dos últimos semestres bajos aumentos salariales.
Esto, sumado al anuncio de elaborar un plan para ordenar los salarios del sector público, le ha generado al presidente roces con los sindicatos, que han amenazado con huelgas para las próximas semanas.
En este contexto se vislumbra un panorama difícil para que Solís logre lo que los anteriores tres Gobiernos no pudieron: aprobar una reforma tributaria.