Madrid, 1 mar (.).- Ciudadanos propone crear una Autoridad de Regulación del Mercado de la Contratación Pública que analice las licitaciones, controle la transparencia y la eficiencia de los contratos de la Administración con las empresas privadas y pueda emitir informes e incluso tener cierto carácter sancionador.
"Los contratos del sector público mueven el 20 % del PIB y la Unión Europea estima en unos 43.000 millones de euros las pérdidas por falta de eficiencia y de competencia en este mercado", ha dicho a EFE el portavoz de la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, al tiempo que ha señalado que su grupo presentará cerca de medio millar de enmiendas a los proyectos de ley de Contratos del Sector Público.
El plazo para la presentación de enmiendas parciales finaliza mañana y las leyes empezarán a tramitarse en comisión con carácter de urgencia y con competencia legislativa plena, por lo que no será necesario que pasen por el pleno del Congreso.
La mayoría del Congreso de los Diputados votó en contra de la única enmienda a la totalidad que recibió el proyecto de Ley y que presentó Unidos Podemos.
El grupo parlamentario de Ciudadanos aboga por que la nueva ley, fruto de la trasposición de una directiva europea, sea transparente y "ataje la corrupción" y primero ve conveniente crear un organismo regulador de este mercado.
Se trataría de una entidad que dependería de la futura Autoridad Administrativa Independiente (AAI) de Supervisión y Regulación de los Mercados.
"Lo primero es ver la salud en el sector de la contratación pública, comparar las licitaciones y hacer un análisis", indica Navarro.
No obstante, Ciudadanos apoya la iniciativa del PP de crear también una Oficina de Evaluación que analice los proyectos de las concesiones aunque pedirá que se extienda no sólo a concesiones sino a todos los proyectos de obras públicas de interés general.
Subraya que esta oficina debería emitir un informe preceptivo a partir de un cierto importe en las adjudicaciones de obras.
Navarro lamenta que las inversiones en infraestructuras estén sesgadas por las afinidades políticas o por los compromisos con las CCAA y pide "un cambio de mentalidad" en los contratos públicos para que las "malas hierbas y el amiguismo no florezca".
En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado sobre una concesión deficitaria, Ciudadanos propone una enmienda para que haya un "adecuado reparto de riesgos" y si finalmente la concesionaria quiebra (como el caso de las radiales) debe haber criterios adecuados al valor de mercado.
Algunas de las iniciativas que registrarán a la nueva Ley de contratos abogan por "vigilar" los períodos de pago de las empresas adjudicatarias a los subcontratistas para fomentar la entrada de las pymes en los contratos públicos o restringir la práctica del "confirming", medio de pago que anticipa el cobro pero a través del cual el proveedor asume los costes financieros.
En cuanto a las modificaciones de los contratos adjudicados y que pueden disparar el coste final de la obra o servicio, Ciudadanos pide que las modificaciones de contratos por obras no previstas en los pliegos se limiten hasta el 50 % del total del importe contratado.
Navarro advierte del riesgo de utilizar la contratación pública para introducir criterios medioambientales o de responsabilidad social que sólo cumplen las grandes empresas y que pueden acabar perjudicando la entrada de las pymes.