Bruselas, 20 oct (.).- El próximo 8 de noviembre es la fecha tentativa que se baraja para la comparecencia del ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos, en el Parlamento Europeo (PE) para abordar las medidas de España con vistas a reducir su déficit público.
Se trataría de la segunda ronda de las audiencias organizadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Eurocámara, junto a la de Desarrollo Regional, dentro del proceso iniciado contra España por haber incumplido sus compromisos de reducción de déficit en 2015.
Aunque aún está pendiente de confirmación, lo más probable es que De Guindos acuda el 8 de noviembre a la Eurocámara junto a su homólogo portugués, Mario Centeno, explicaron a Efe fuentes próximas a las comisiones parlamentarias participantes en el diálogo.
"Será el 7 u 8 de noviembre por la noche. No hay decisión en firme, pero es lo acordado oralmente entre el secretariado del Parlamento y los ministerios", aseguró por su parte a Efe el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, miembro de la Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos.
El lunes 7 y el martes 8 del próximo mes, ambos ministros se encontrarán en Bruselas para participar en la reunión del Eurogrupo y del Ecofin.
Esta nueva ronda de comparecencias forma parte del diálogo que mantiene el Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre la suspensión de los fondos a España y Portugal, países que han enviado una serie de "acciones efectivas" contra sus déficit con las que esperan que la congelación tenga el menor impacto posible.
De Guindos se ha mostrado convencido de que España ha cumplido con sus compromisos, por lo que "no existen razones para que se produzca" esta penalización.
Como consecuencia de la celebración de otra ronda de comparecencias, se retrasa el cierre del diálogo estructural, requisito necesario para que la CE pueda tomar una decisión acerca de la suspensión de fondos, que podría afectar hasta a un 20 % de los compromisos de 2017.
En la primera ronda, celebrada a principios de mes, la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, aseguró que la suspensión "no sería una sanción" y que "no tendría un impacto a corto plazo en absoluto", ya que solo afectaría a finales de 2020 y si el país no adopta ninguna medida para cumplir con sus compromisos.
Durante su comparecencia y la del vicepresidente Jyrki Katainen, la mayoría de diputados se opuso a una hipotética suspensión.
Después de eludir en verano una multa por haber incumplido sus objetivos de reducción del déficit el año pasado, España se ha comprometido ahora a reducir su desvío presupuestario al 4,6 % este año, el 3,1 % el siguiente y el 2,2 % en 2018.
Debido a la adopción de las "acciones efectivas" que se comprometió a asumir, el Gobierno español prevé cerrar este ejercicio con un déficit del 4,4 %, dos décimas menos de lo exigido.
Sin embargo, el proyecto presupuestario sin cambios que ha presentado a Bruselas estima que el año próximo el desvío se mantendrá en el 3,6 %, lo que supone que el próximo Ejecutivo deberá asumir recortes de gastos o aumentos de ingresos equivalentes al 0,5 % del PIB, es decir, de unos 5.000 millones de euros.
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